El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha señalado que la intervención por parte de la Policía Nacional de 20.000 uniformes que iban destinados a los grupos DAESH y Jabhat al Nusra ha puesto de relieve que "había un entramado activo de empresas" que abastecían con apoyo logístico al terrorismo yihadista.

Moragues ha realizado estas manifestaciones en un acto en Catarroja (Valencia) sobre la confiscación de 20.000 uniformes y complementos militares destinados a grupos yihadistas en el marco de la operación policial antiterrorista contra el yihadismo llevada a cabo por la Comisaría General de Información el pasado 7 de febrero, en la que fueron detenidos siete personas por el apoyo logístico y financiero a los grupos terroristas que operan en Siria e Irak, DAESH y Jabhat al Nusra.

El delegado ha explicado que se enviaban contenedores que aparentemente llevaban mobiliario u otros enseres dirigidos, incluso, a ayuda humanitaria "pero que realmente contenían ropa militar, equipos de transmisiones, percusores para explosivos, armas de fuego y dinero".

En este caso, "lo que se ha incautado es un contenedor con 20.000 uniformes que iban a equipar a un batallón de combate". "Estamos hablando —ha proseguido— de 5.000 kilos de ropa militar y es una operación muy importante en la lucha contra el terrorismo yihadista que demuestra que en la provincia de Valencia y en la Comunitat Valenciana había un entramado de empresas que daba apoyo logístico y operativo al terrorismo yihadista".

Moragues ha detallado que en la incautación en el Puerto de Valencia se localizaron 20.000 uniformes militares y complementos que iban de Arabia Saudí en un contenedor dirigido a Ontinyent y cuyo destino final era Daesh mediante un envío posterior a países como Siria e Irak.

"Lo que había es un entramado muy activo de empresas radicadas en la Comunitat Valenciana que, de forma coordinada, enviaba aparente ayuda humanitaria que era realmente equipamiento militar, dinero, armas y explosivos", ha agregado.

En la misma línea, ha apuntado que se está viendo "que había una red de empresas que daba apoyo logístico, operativo y financiero al terrorismo desde España, una red de abastacimiento al terrorismo yihadista radicada en la Comunitat".

En este punto, ha subrayado que con esta actuación "se ha demostrado la eficacia de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, siempre en un proceso judicializado por la Audiencia Nacional y el juez Eloy Velasco". "Es un éxito policial", ha apostillado.

También ha apuntado que en el marco de la operación hay una persona detenida, de nacionalidad marroquí y con una nave en la localidad de Ontinyent, que ha sido puesto a disposición judicial.

El Ministerio de Interior informó este jueves de que en el material militar incautado procede de la apertura de tres contenedores de mercancías —dos en Valencia y uno en Algeciras— vinculados a las empresas de la red internacional desarticulada, en los que se han incautado cerca de 5.000 kilos de prendas militares (alrededor de 20.000 uniformes), destinados a las organizaciones terroristas Jabhat Al Nusra y DAESH (Estado Islámico).

El entramado empresarial que la red terrorista había establecido se caracterizaba por su gran eficacia en las demandas que la organización terrorista DAESH le solicitaba, además de facilitarle el mejor precio y calidad de la mercancía requerida. Para ello, habían establecido una red de proveedores a nivel internacional que le surtían de suministros tecnológicos, armamento y equipamiento militar, que se enviaban a las zonas controladas por el DAESH, lo que favorecía directamente la continuidad y el reforzamiento de las estructuras de esta organización terrorista.

Los uniformes militares incautados se encontraban en grandes fardos camuflados entre otros que contenían otro tipo de ropa. Las prendas militares eran de características similares a las halladas en los registros efectuados en la operación policial del pasado 7 de febrero.

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Ropa de segunda mano'

Los contenedores que transportan los uniformes militares estaban declarados como "ropa de segunda mano", para no levantar sospechas y para poder pasar las diferentes inspecciones aduaneras sin ningún tipo de dificultad, ya que una de las actividades que desarrollaban las empresas de los detenidos era la exportación e importación de ropa usada.

Con los cerca de 20.000 uniformes y complementos militares incautados, se habría podido dotar a todo un ejército que estaría perfectamente preparado para entrar en combate en cualquiera de los focos de lucha que las organizaciones terroristas yihadistas tienen en el mundo.

Esta operación policial ha supuesto la neutralización de un entramado empresarial muy activo y eficaz en su cometido cuyo fin principal era el de abastecer, preservar y reforzar las estructuras bélicas de la organización terrorista DAESH, con el suministro constante y continuado de material de guerra, además de establecer vías de financiación.

Esta operación se ha desarrollado bajo la dirección y supervisión del Juzgado Central de Instrucción, Número 6, y bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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