El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo, que está en minoría en la Corporación, sacará adelante este viernes el presupuesto de 2016, después del intento fallido de la semana pasada, gracias al cambio de voto de Izquierda Unida, que tras su abstención inicial, apoyará el documento una vez incorporadas al mismo sus peticiones sobre el plan de empleo y la revisión de los contratos.

El documento ha sido dictaminado favorablemente este martes en la Comisión de Hacienda, con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE, PRC y el concejal no adscrito) y de IU, y el voto en contra del PP, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

El grupo popular, el mayoritario en la Corporación con 10 de los 21 concejales, ratifica así su postura contraria al documento, si bien el exalcalde, Diego Movellán, ha afirmado que el problema no es el presupuesto ya que en su opinión es parecido al del PP, sino la gestión del equipo de Gobierno, y en especial la del área de Servicios Sociales, que ha anunciado que llevará a la Fiscalía por "irregularidades".

Tras el rechazo de las cuentas de 2016, el portavoz popular pidió a la alcaldesa, Esther Bolado (PSOE), que se sometiera a una moción de confianza. Por su parte, la regidora dio por rota toda posibilidad de diálogo con el PP de Movellán, con el que el concejal de Hacienda, Héctor Lavín (PRC), había mantenido negociaciones que fructificaron en la inclusión en el documento de algunas de sus propuestas.

El presupuesto de 2016 asciende a 30 millones de euros (30.026.975 euros), un millón más que en 2015, y crece un 3,3%. El equipo de Gobierno ha destacado el "fuerte compromiso social" del presupuesto, que según dice es "fruto del diálogo y el consenso" y recoge los preceptos del pacto de gobierno.

Como pilares básicos del documento, el equipo de Bolado destaca la creación del parque de extinción de incendios; el "fuerte aumento" de las partidas para becas educativas y ayudas sociales; el incremento de la capacidad de contratación de parados; y la modernización de la administración a través de las nuevas tecnologías.

También la racionalización del gasto corriente, la congelación de tasas e impuestos, y el descenso de la remuneración de los cargos públicos y personal de confianza.