El PP se ha sumado finalmente este martes al plan de trabajo que había presentado el resto de grupos para la comisión de investigación sobre la adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas, algunas propiedad de la familia Cotino y del empresario Enrique Ortiz, al añadirse la documentación y comparecencias que habían propuesto.

La comisión pretende esclarecer si hubo trato de favor en la adjudicación de más de 6.600 plazas de personas mayores, ya que un 40% de ellas fueron a parar a empresas vinculadas a la familia Cotino.

Al respecto, la portavoz popular María José Catalá ha explicado que aunque consideran que esta comisión es "un postureo político" porque la Conselleria "ya dispone de toda la información", dan su apoyo porque quieren que "se esclarezca todo".

Por ello, señalan que además del periodo solicitado, que arranca en 2001 —cuando Rafael Blasco era conseller de Bienestar Social y aprobó un contrato valorado en 500 millones de euros para construir 73 residencias para mayores y dependientes con 9.000 plazas y el compromiso de la Generalitat de concertar y financiar un tercio de ellas, 3.000— quieren que se sepa también "cómo es la calidad que se presta en la actualidad y "la relación con determinadas entidades".

Así, la comisión está previsto que arranque el primer lunes hábil de abril, tras la vacaciones de Semana Santa, con las comparecencias de Ángel García Rosella, del Instituto Valenciano de la Dependencia,; el presidente de Aecas (Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social, Marcos Penadés; el presidente de Aerte, José María Moreno; el expresidente de

Fead cv, Ricardo Peris; un responsable del despacho de abogados Uría Menéndez y la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas.

En un principio, Ciudadanos, PSPV, Podemos y Compromís presentaron una propuesta conjunta, que incluía la comparecencia de 89 personas, entre ellos los exconsellers 'populares' Rafael Blasco y Juan Cotino, o los empresarios Enrique Ortiz y Vicente Cotino, mientras que el PP traía su propio plan de trabajo.

Finalmente, todos los grupos han consensuado un texto único gracias a que la propuesta original se suma la documentación requerida por los populares, la totalidad de las empresas que participaron en el concurso, las 13, y todos los miembros que intervinieron en las mesas de contratación sin especificar los nombres. Se prevé que el dictamen de conclusiones esté en seis meses.

Además, han acordado que el número de comparecientes sea de seis por jornada —se prevé que la comisión se reúna al menos dos veces al mes—, aunque queda abierta, al igual que la documentación, en función de cómo se vaya desarrollando.

La diputada socialista Josefa Andrés ha explicado que la propuesta de trabajo incluye la presentación de documentación empezando por el expediente de contratación de 2001 sobre todo para "poder detectar si hubo incumplimientos" en las cláusulas de condiciones, así como "el comportamiento" de la administración ante ellos y el grado de cumplimiento de la Conselleria.

Asimismo, entre otra de la documentación solicitada se pide el acuerdo del Consell que modificó de "forma sustancial" el contrato inicial para "saber qué ocurrió con el procedimiento de adjudicación de plazas de accesibilidad" y "si se respetó la ley" al concertar plazas cuando había públicas disponibles, así como si se respetó asimismo el derecho de elección de centro de las familias.

Sentencias y denuncias

Para ello, entre otra documentación, se ha pedido las denuncias de particulares presentadas así como a la Abogacía de la Generalitat de todas las sentencias sobre la revisión del alza de precios a las empresas adjudicatarias por plaza, y los informes con la cláusula de exclusividad que derivó de la "interpretación de Blasco" y que "generó las condiciones de negocio para las empresas de accesibilidad".

Por su parte, Catalá ha señalado que esta comisión es "un postureo político" porque si el actual Gobierno valenciano, que ahora dispone de toda la información oportuna y expedientes, detecta "alguna cuestión con un halo de irregularidad podría directamente, como es su deber, acudir a las autoridades oportunas".

Sin embargo, ha justificado su participación porque su grupo quiere que "se esclarezca todo, pero hasta la calidad actual del servicio residencial y la relación con determinadas entidades" ya que se ha referido a una carta de Aerte que "denuncia que se están adjudicando plazas" a ofertas "temerarias".

Cortes o programa de iker jiménez

Asimismo, ha lamentado que nadie del resto de grupos haya revisado la lista de comparecientes porque han incluido al exdirector territorial de servicios sociales de valencia Fernando Pérez Campos, ya fallecido. "En lugar de una comisión se puede convertir en el programa" de Iker Jiménez "al llamar a personas del más allá, eso no lo podemos hacer", ha criticado.

Por parte de Podemos César Jiménez, que ha rechazado el intento de Catalá de "desvirtuar esta comisión", ha agradecido el trabajo realizado por los compañeros de EU que "hoy no están aquí por una ley electoral injusta pero que sí que estuvieron al principio". Así, se ha mostrado agradecido porque "por fin" se puedan investigar estas adjudicaciones sobre las que hay "conversaciones telefónicas" en las que se aprecia "cómo se estaba haciendo negocio si ninguna sensibilidad con las personas mayores".

Del mismo modo, David de Miguel, diputado de Ciudadanos, ha bromeado con que esta comisión "va a ser infernal" porque es "muy ambiciosa", pero ha recalcado que "el fin vale la pena porque hay que esclarecer cómo se hizo esa adjudicación de las plazas". "El sacrificio que vamos a hacer los miembros de esta comisión pero valdrá la pena", ha recalcado.

Por último, Mónica Álvaro, de Compromís, ha puesto en evidencia que tras "mucho tiempo de no, no" del

Pp " hoy llega el sí" y al respecto se ha criticado que se negara esta comisión "cuando leíamos cómo se llenaban los geriátricos" con métodos que "nos podrían el pelo de punta". "Ha pasado mucho tiempo pero no el suficiente para dejar de lado a estas familias que fueron tratadas como mercancías" y hacia las que hay que demostrar "dignidad y respeto", ha dicho.