El arzobispo Francisco Javier Martínez ha dejado sin misas, bodas y entierros a la localidad granadina de Albuñol, mientras no cesen las protestas por el traslado del párroco del pueblo.

Custodia Manzano, una de las portavoces de la comisión creada para impedir la marcha del cura del municipio, Gabriel Castillo, tacha de "ilegal" esta medida.

Un total de diez vecinos de esta localidad y miembros de la comisión se reunirán mañana en Sevilla con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para tratar el traslado del cura.

Asimismo, la portavoz de este colectivo afirmó que Gabriel "no está llevando bien todo esta situación", al tiempo que puntualizó que "él mismo puede estar defraudando con la enseñanza que ha recibido y la forma tan dictatorial en que el Arzobispado de Granada se está portando con el pueblo de Albuñol".

El Arzobispado, por su parte, señaló que el traslado del párroco se ha ordenado "de acuerdo con la disciplina de la Iglesia, de un modo absolutamente normal, sin nada que ver con ningún asunto interno del pueblo", aunque en el pueblo sea 'vox populi' que la marcha del párroco se debe a rencillas con las monjas de la localidad.

Esta decisión es "irrevocable", aunque, según indicó, "si en algún momento hubiera podido no serlo, las circunstancias y los modos que han orquestado el traslado de este sacerdote habrían bastado por sí solas para hacerla irrevocable".

El Ayuntamiento apoya a sus vecinos

Por otro lado, el alcalde de la localidad, el independiente José Sánchez Rivas, calificó como "dictatorial" esta decisión del Arzobispado granadino de trasladar de manera "irrevocable" al que ha sido párroco del municipio durante dos años.

Del mismo modo, el primer edil afirmó que el Ayuntamiento "apoya y apoyará" todas las iniciativas de los vecinos, al tiempo que instó al arzobispado a entrevistarse "cara a cara" con los vecinos y confió en que finalmente su decisión sea "justa", es decir, que el párroco vuelva a desempeñar su labor "por los más desfavorecidos" en el pueblo.