Susana Díaz anuncia que la Junta aprobará en abril la Ley de Fomento del Emprendimiento

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este jueves que la Ley de Fomento del Emprendimiento irá al Consejo de Gobierno el próximo mes de abril y que el crecimiento económico que se prevé en Andalucía para el presente año se situará "por encima de la media", lo que hará que se beneficien las empresas, los emprendedores y las pymes, en relación a la creación de empleo "de calidad".
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, este jueves en el Parlamento andaluz
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, este jueves en el Parlamento andaluz
EUROPA PRESS
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, este jueves en el Parlamento andaluz

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este jueves que la Ley de Fomento del Emprendimiento irá al Consejo de Gobierno el próximo mes de abril y que el crecimiento económico que se prevé en Andalucía para el presente año se situará "por encima de la media", lo que hará que se beneficien las empresas, los emprendedores y las pymes, en relación a la creación de empleo "de calidad".

Así se ha pronunciado Díaz en la sesión de control al Ejecutivo ante el Pleno del Parlamento, después de que el portavoz adjunto de Ciudadanos (C's), Sergio Romero, —quien le ha interpelado en lugar del presidente del grupo, Juan Marín—, le reprochara que esta ley está "paralizada" desde la pasada legislatura.

La jefa del Ejecutivo andaluz ha asegurado que son los empresarios y los autónomos los que crean empleo y que para favorecer dicha creación de empleo su gobierno quiere eliminar "trabas burocráticas innecesarias" y ayudar en todo lo que suponga estimular el mercado garantizando las condiciones laborales de los trabajadores.

En este sentido, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 12 de enero medidas técnicas necesarias para la reducción de autorizaciones administrativas, que tendrán "tres impactos: temporal, económico y de seguridad jurídica".

Así, según ha explicado, los proyectos beneficiados se pondrán en marcha en menos de tres días, "ahorrando prácticamente seis meses en el inicio de la actividad", y habrá una rebaja de los costes para las empresas de una media "de entre 100 y 140 euros".

La presidenta de la Junta ha destacado que la Comunidad tiene un tejido productivo "de pequeño tamaño" y que, junto con la reducción de trabas administrativas, hay que ayudar a las empresas a ganar tamaño, a internacionalizarse y facilitar el crédito a las pymes.

Según ha defendido, desde 2011 todas las actuaciones de su gobierno van en ese sentido, habiéndose reducido 149 procesos administrativos, agilizado los trámites medioambientales, abierto a los ayuntamientos la posibilidad de calificar determinadas actividad como "inocuas" a efectos de facilitar las licencias municipales y reforzado las competencias de la Agencia de la Defensa de la Competencia de Andalucía.

C'S

Pide a díaz que cumpla su palabra

Por su parte, Sergio Romero ha dicho que no comparte "el optimismo" del Gobierno andaluz porque aún existen muchos elementos que contribuyen a que las empresas andaluzas no sean lo suficientemente competitivas. "Predominan las microempresas de uno o dos trabajadores, y estas tienen muchos problemas para crecer y para subsistir", ha añadido.

Tras considerar que la Junta está "descuidando" este asunto, el diputado de Ciudadanos ha dicho que la creación de empleo tiene que ser la "mayor prioridad" del Gobierno andaluz y ha apostado por la fórmulas de colaboración público-privadas, por la inversión en innovación y por mecanismos que hagan más "ágil y eficaz" el hacer realidad una idea de negocio.

"Las empresas nos dicen que no quieren ayudas, sino que les dejemos trabajar", ha afirmado Romero, quien ha pedido a la presidenta de la Junta que "cumpla con su palabra" en lo referido a que se pueda abrir un negocio "en dos días".

También ha reclamado medidas para aumentar la competitividad de las empresas en el extranjero, la reducción de la fiscalidad, aplicar las nuevas tecnologías a los negocios y regular la morosidad en las operaciones comerciales, evitando que las administraciones paguen "tarde y mal".

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