El diputado de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común al Congreso por la provincia de Huesca Jorge Luis Bail, miembro de Equo, está a la espera de que el juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza le comunique si le reconoce su renuncia al aforamiento que tiene como parlamentario nacional. Imputado en el caso de 'Los 8 de Yesa', quiere ser juzgado junto con sus compañeros.

Jorge Luis Bail fue detenido el 10 de octubre de 2012 en Artieda (Zaragoza) en el transcurso de una manifestación contra el recrecimiento de Yesa y ha sido imputado como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad junto con otros siete manifestantes y, además, en su caso por un delito de lesiones contra un agente de la Guardia Civil. El Ministerio Fiscal pide en total 36 años de prisión y 22.020 euros de multa para los ocho.

Sin embargo, Jorge Luis podría ser juzgado directamente por el Tribunal Supremo, dada su condición de diputado al Congreso y, por lo tanto, de aforado, un "privilegio" que su partido, Equo, rechaza. Sus abogados, José Luis Lafarga y Gema Garreta, han presentado un escrito de renuncia al aforamiento y el juez debe resolver.

Aunque la condición de parlamentario va asociada a la de aforado, Jorge Luis se ha remitido a una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 según la cual si el juez instructor ha fijado la fecha del juicio antes de que el encausado haya adquirido su condición de aforado, se le puede juzgar por un tribunal de primera instancia, lo que en este caso ha ocurrido, ya que el instructor fijó la fecha de la vista oral —el 23 de mayo— antes del 13 de enero, fecha en la que Jorge Luis obtuvo su acreditación como diputado al Congreso.

Además, el parlamentario ha comunicado al juez que renuncia al aforamiento "por coherencia e ideas personales", solicitando expresamente que no se le aplique esta condición.

En declaraciones a Europa Press, el diputado altoaragonés ha señalado que los diputados de Podemos Juan Pedro Illanes y Victoria Rosell, jueces en excedencia, coinciden con la defensa en su interpretación, añadiendo que la doctrina del Supremo mencionada "se ha aplicado en casos que no son de defensa de las libertades y derechos, sino en otros".

Jorge Luis ha observado que el Ministerio Fiscal no ha solicitado su inhabilitación para desempeñar cargo público, por lo que si le condenan podría continuar como diputado salvo que ingrese en prisión, ya que solo en este caso le resultaría imposible ejercer su cargo. No tiene "ningún tipo de duda de que se va a hacer justicia", ha declarado.

Concentración "pacífica"

La concentración, en una carretera de acceso a Artieda, fue "pacífica" y contó con la presencia de unas 200 personas, entre otras personas mayores y niños. "Es raro el aragonés que no ha ido a una manifestación por el agua", ha recalcado Jorge Luis.

"Lo que ocurrió es que en lugar de aparecer la funcionaria de la CHE —para levantar un acta de expropiación de tierras para acometer el recrecimiento del pantano— y la Guardia Civil con el uniforme normal, aparecieron un grupo de 16 antidisturbios de la Guardia Civil cuando estábamos en mitad del campo", ha relatado Jorge Luis, subrayando que "no había violencia, no se estaba impidiendo a nadie el paso y no había ningún funcionario al que hubiera ninguna posibilidad de impedir su trabajo".

La movilización "se enmarca dentro de aquellos años, los recortes estaban a flor de piel y la gente, cuando salía a la calle a protestar, se encontraba instituciones sordas", ha criticado Jorge Luis, haciendo notar que "no se imputa el delito a los que estábamos, sino a un perfil concreto de chico joven, implicado en política", pese a que "había un perfil variado y con mucha diversidad".

Las detenciones y el enjuiciamiento son "un paso más en la criminalización de la protesta y el recorte de las libertades y los derechos civiles", ha aseverado el parlamentario.