La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, ha solicitado a la Consejería de Salud una copia del proyecto de Decreto elaborado por el Gobierno andaluz en materia de atención temprana, así como más información sobre cómo se lleva a cabo la prestación de servicios en esa materia.

En concreto, la Oficina del Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía un "informe complementario" que "ayude" a "clarificar" cuestiones originadas "a la vista de discrepancias surgidas en relación con la prestación", según se recoge en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press que la institución que encabeza Maeztu ha remitido al portavoz de la Plataforma Atención Temprana Andalucía, Antonio Guerrero, para "comunicarle las actuaciones practicadas" en la tramitación de un expediente de queja abierto sobre atención temprana.

En dicha misiva, firmada por Luis Pizarro, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, se le indica a Guerrero que ya se recibió "el informe correspondiente" a la inicial petición de la oficina de Maeztu "por el que se daba cuenta del desarrollo de una convocatoria de subvenciones para financiar los seis primeros meses de actividad de los CAITs (Centros de Atención Infantil Temprana) durante el ejercicio de 2015, teniendo conocimiento por otro lado del abono de una parte de los importes adjudicados —el comprometido del presupuesto de 2015—, y pendiendo otro tanto cuyo pago se pretende dentro del primer trimestre de este ejercicio".

"Solventado así este concreto aspecto, y a la vista de las discrepancias surgidas en relación con la prestación, una vez iniciada la vigencia de los contratos suscritos al amparo del acuerdo marco, decidimos requerir a la Consejería de Salud un informe complementario que nos ayude a clarificar la cuestión", según agrega la carta.

Así, en su solicitud, la Oficina del Defensor ha requerido "datos de diversa índole", como "el número de menores que hayan visto modificada la intensidad de la prestación que tenían reconocida con anterioridad en su programa individualizado de atención; casos de derivación a centros específicos correspondientes a una afección distinta a la padecida por el menor; indicación de los supuestos en los que se haya denegado la solicitud de acceso a centros especializados de atención, o simplemente se haya rechazado la solicitud de cambio de centro con expresión de la causa; número de menores en espera de acceder al tratamiento en cada provincia, y tiempo de espera aproximado desde la derivación".

De igual modo, también se pide información sobre "posibilidad de acceder a un centro distinto del correspondiente por la sectorización geográfica cuando existe demora para acceder al tratamiento en este último; número total de menores mayores de cuatro años a los que se ha recomendado la prestación desde la entrada en vigor del acuerdo marco, especificando los que han sido derivados a los CAITs desde los equipos provinciales de atención temprana una vez valorados los apoyos educativos, y señalando en qué consistían estos últimos cuando dicha derivación no se estimó necesaria", entre otras cuestiones.

Por otro lado, "y habiendo tenido conocimiento de la elaboración por parte de la Administración sanitaria de un proyecto de Decreto sobre atención temprana, del que al parecer ya se ha dado traslado para alegaciones a las partes interesadas", desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han requerido "la remisión de una copia del mismo, al objeto de llevar a cabo nuestra propia valoración", según apunta la carta remitida al portavoz de la Plataforma de Atención Temprana Andalucía.