Los grupos parlamentarios de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos (C's) han aprobado en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua que se el Gobierno regional adopte medidas para que se declare la caducidad de la concesión a Puerto Mayor S.A para la realización de un puerto deportivo junto a la entrada al Canal del Estacio, en el término municipal de San Javier y que se reparen los daños medioambientales que se han causado durante todo el proceso.

Los únicos que han votado en contra de esta iniciativa han sido los populares, pues según ha explicado Juan Guillamón, existe una discrepancia entre el servicio jurídico de secretaría general y la dirección general de Transportes, Costas y Puertos sobre la nulidad de la concesión. Tal y como ha asegurado, se desconoce si al proceder a la nulidad del proceso se determinaría la caducidad de la concesión otorgada a Puerto Mayor en el año 1975.

"Estamos en una situación de reflexión, no podemos tener otra posición", ha argumentado al tiempo que añade que el PP "se compromete" a resolver a la mayor brevedad la discrepancia que existe entre el servicio jurídico.

El socialista Joaquín López no se ha mostrado muy convencido de las razones expuestas por Guillamón, pues según ha dicho "no hay razón jurídica para que no se haya tomado ninguna decisión. Pedimos medidas razonables para poner fin a esta situación, a no ser que haya otras razones más allá de las jurídicas para no tomar una decisión". El PSOE ha recordado que en el año 2004 el Ministerio pidió que se declarara caducada la concesión, pues "no había argumentos jurídicos para tener que dar más vueltas".

El 4 de julio de 1975, el Consejo de Ministros aprobó una resolución por la que autorizaba a la mercantil Puerto Mayor S.A a construir y explotar un puerto deportivo en El Estacio, en el término municipal de San Javier. La concesión que se les otorgó fue por el plazo de cincuenta años, aunque las obras se fueron prorrogando debido a procedimientos judiciales.

Años más tarde, en 1988 el entonces director general de Carreteras de la Región autorizó a dicha empresa una prórroga de 60 meses para realizar las obras con un nuevo proyecto. Dicha resolución la anuló un año más tarde, en 1989, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y la avaló una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia, que convino en que el Gobierno debía declara nula la resolución de 1988, así como una posterior resolución de la dirección general de Calidad Ambiental de 2003.

En este sentido, el PSOE ha denunciado que se han agotado los plazos para dejar sin efecto las resoluciones que declaren la caducidad de la concesión sin que hubiera acción de Gobierno y exigen, además, la reparación de los daños ambientales.

A esta iniciativa se le ha sumado una enmienda parcial de Podemos en la que se solicitaba que se adoptaran medidas para que se repararan los daños medioambientales y que estos costes corrieran a cargo de la empresa concesionaria en función de sus responsabilidades. Desde Ciudadanos se han mostrado de acuerdo con la iniciativa, pero han asegurado estar preocupados por el dinero que costará a la Administración este tema. "Somos conscientes de que habrá que retornar a la concesionaria algunas cantidades porque ha habido negligencias en las administraciones también", ha añadido.

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