El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves instar a la Junta a elaborar, en el plazo de seis meses, un listado de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1978 y solicitar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate. Este punto se incluía en una proposición no de ley de Podemos y ha sido rechazado por PP-A, mientras que ha contado con la abstención de PSOE-A y de Ciudadanos y ha sido apoyado por IULV-CA.

La Cámara sí ha aprobado, en cambio, dos puntos de la iniciativa, con los votos de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, mientras que el PP-A ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido, relativos a un estudio sobre el impacto de estas inmatriculaciones en la gestión, conservación y difusión de los bienes incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y a un plan de acción para la correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de los bienes inmatriculados, entendiendo este programa "como parte integrante y fundamental de la propia actividad de conservación y protección, incluyendo los mecanismos necesarios para la supervisión de las mismas".

En defensa de la iniciativa, la diputada de Podemos Lucía Ayala ha manifestado que la Iglesia se ha apropiado en Andalucía de numerosos bienes "de una manera irregular, mediante un procedimiento por el cual los obispos han actuado como notarios de manera irregular y anticonstitucional".

Tras señalar que una iniciativa de este tipo ha sido aprobada por unanimidad "en otros ámbitos políticos como Euskadi, Navarra o el propio Ayuntamiento de Córdoba", ha indicado que su formación solicita conocer cuántos bienes se han inmatriculado por parte de la Iglesia de manera irregular y hacer una auditoría del coste social que ha supuesto para la gente.

Según ha recordado, la Ley andaluza de Patrimonio Histórico desarrolla la competencia exclusiva de la Junta sobre el Patrimonio histórico andaluz con el objeto de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, por lo que corresponde al Gobierno autonómico la recuperación y protección de los templos y propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica.

Ha añadido que la no intervención de la Junta hasta la fecha ha permitido que, tras el proceso de inmatriculación realizado por la institución religiosa, numerosos bienes inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, han sufrido cambios relevantes en su gestión, financiación y conservación, entre los que destacan modificaciones en el uso, incluyendo ampliación de actividades de culto y otros aspectos, que pueden incidir directamente en la conservación de dichos bienes.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha manifestado que estaría muy bien que el nuevo Gobierno central que se configure dijera qué piensa de las inmatriculaciones de la Iglesia católica para toda España. Ha criticado que Podemos plantee en su iniciativa trasladar a la Junta toda la "competencia y responsabilidad" en relación con las inmatriculaciones. Ha indicado que hasta ahora, la Junta no tiene títulos suficientes para poder reivindicar la titularidad de esos bienes en manos de la Iglesia.

El diputado del PP-A Antonio Garrido Moragas ha manifestado que los elementos jurídicos que tiene la Junta son suficientes para hacer frente a esta situación y resolver el problema. Ha señalado que a la Junta le corresponde, aplicando la Ley de Patrimonio histórico, la vigilancia y cualquier tipo de afectación, modificación o alteración de los bienes. A su juicio, la iniciativa de Podemos no presenta ninguna novedad desde el punto de vista legal.

El diputado de Ciudadanos José Antonio Funes ha manifestado que a este debate controvertido se llega "tarde" y ha expresado que hacer ahora un "revisionismo en el sentido de hacer una lista para ver qué le pedimos o dejamos de pedir a la Iglesia está fuera lugar, porque ya hay sentencias judiciales en ese mismo sentido". Se ha mostrado convencido de que este iniciativa no se traería al Parlamento si no se viera afecta la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La diputada de IULV-CA Elena Cortés ha manifestado que el Gobierno andaluz tiene la obligación de proteger el patrimonio

histórico-artístico y monumental de la comunidad, si bien se ha caracterizado por el "escapismo, porque de una manera u otra ha buscado siempre los huecos por dónde no llevar a efecto esa obligación, con contundencia".