El Gobierno regional y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) han firmado un convenio en materia de simplificación administrativa para las empresas que les permitirá avanzar en la consecución de objetivos compartidos, como son el establecimiento de plazos concretos para la tramitación de cualquier expediente e incluir la figura del 'silencio administrativo positivo'.

En concreto, la figura del 'silencio administrativo' consiste en que el trámite se considerará automáticamente superado o aprobado si no hay una respuesta por parte de la administración una vez excedido el plazo establecido en la Ley, por lo que se trata de fijar un plazo de forma "estricta".

Asimismo, tanto la patronal como el Ejecutivo autonómico coinciden en la necesidad de que el tratamiento que la administración dé a los empresarios "sea el mismo que los empresarios tengan que dar a la administración", según ha hecho saber el presidente de CROEM, José María Albarracín, acompañado por el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, tras la firma del convenio.

Como pilares "fundamentales" para conseguir este objetivo, el presidente del Gobierno regional ha hecho referencia a la puesta en marcha a corto plazo un Decreto Ley de Simplificación Administrativa que "será una batería de medidas de choque a corto plazo para que todas las trabas que se puedan eliminar ya, se eliminen ya".

Este Decreto Ley, que será "acordado, pactado y codiseñado con CROEM", será aprobado en primer lugar por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, tendrá que ser convalidado por la Asamblea Regional, aunque no ha fijado ningún plazo. Respecto al trámite parlamentario, se ha preguntado "quién se puede oponer a eliminar obstáculos con transparencia y seguridad jurídica".

En segundo lugar, ha dicho, el Gobierno regional va "a auditar y revisar todos los procedimientos administrativos existentes para conocer dónde están los problemas y qué pasos dificultan unos trámites que deberían ser rápidos, sencillos y ágiles". Esta auditoría será ejecutada por "profesionales, técnicos especializados y con CROEM".

Como tercer pilar en este proceso, ha resaltado el Plan de la Transformación Digital Integral de la Administración, y ha recordado el compromiso que hay con el Gobierno de España para que en octubre del año 2018 "exista 'cero papel' en la Administración regional, para lo que tenemos que avanzar en la Administración telemática, no solo en la relación interna de la administración, sino también con el administrado".

El jefe del Ejecutivo ha señalado que "queremos ser un ejemplo para el resto del país" y "podemos convertir a la Región de Murcia en ese ecosistema de libertad empresarial que genere más inversión y más empleo". Para ello, ha reconocido que "tenemos que ser originales", y ha anticipado que se darán a conocer a corto plazo "importantes iniciativas pioneras y de vanguardia".

"gran proyecto de libertad económica"

Durante su intervención, Sánchez ha afirmado que "hoy nace y se hace posible un gran proyecto de libertad económica para la Región de Murcia", en referencia al convenio de colaboración. "Un espacio donde quien tiene una idea, quiere invertir, ampliar y generar oportunidades de empleo en la Región, lo tenga mucho más fácil", ha dicho el presidente.

Para ello, ha defendido que "hay que allanar el camino, simplificar al máximo procedimientos y quitar burocracia para que cualquier empresario que se fije en Murcia para confiar sus inversiones y su proyecto no tenga ninguna excusa que le haga cambiar de opinión".

En este sentido, Sánchez ha resaltado que "tenemos que poner mucho más fácil el camino a los empresarios para crecer y generar oportunidades que se traduzcan en más empleo". Por ello, ha calificado de "prioritario" este convenio firmado con CROEM, y ha subrayado que es un "compromiso de primer nivel" en el que tanto el presidente de la Comunidad como el de la patronal se van a implicar directamente en los grupos de trabajo.

"CROEM es un cómplice y socio imprescindible en este proceso de transformación de la Región como un espacio de libertad económica porque los empresarios conocen perfectamente qué tenemos que cambiar y simplificar", ha resaltado Pedro Antonio Sánchez, quien ha incidido en que la firma de este convenio "no es una operación cosmética", sino "una estrategia de simplificación radical en la Administración" porque, según ha dicho "queremos que se conozca a la Región como el lugar con menos obstáculos y burocracia para instalar una empresa o ampliarla".

Junto a todos estos cambios normativos, Pedro Antonio Sánchez ha subrayado la importancia de continuar bajando impuestos con el fin de "seguir incentivando la inversión", y recordó que en el primer mes de esta legislatura, "ya bajamos un 50 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Región, y cumpliremos con nuestro compromiso para eliminarlo paulatinamente de forma definitiva", apostilló.

El objetivo es llevarlo a cabo "lo antes posible"

Por su parte, Albarracín ha expresado su "total satisfacción" por la rúbrica de este convenio, que supone un "espaldarazo a la actividad económica y empresarial", ya que "velará por reducir al máximo la tramitación administrativa de cualquier proyecto". El objetivo, añade, es eliminar "cualquier traba al desarrollo de proyectos viables de empresas" por cuanto supone "la creación de riqueza y empleo para la Región".

Y es que "se han dado ya muchos casos de empresas que se han tenido que marchar o desistir en la realización de un proyecto o que, incluso, han debido devolver ayudas de fondos europeos y que, cansadas de esperar, han llevado sus proyectos a otras latitudes", advierte el presidente de la patronal, quien considera que se trata de algo que "no se puede volver a repetir".

De hecho, ha puntualizado que, entre los 25 proyectos más importantes de la Región, hay inversiones que oscilan entre los 20 y los más de cien millones de euros.

Ha señalado que el compromiso para la reducción de cargas administrativas "es total" y, prueba de ello, es que "tanto el presidente de la Comunidad" como él mismo, estarán en los órganos que velarán por el cumplimiento de este acuerdo. El objetivo es que la simplificación administrativa sea una realidad "en el menor tiempo posible", aunque ha reconocido que marcar plazos "sería limitar una mesa de trabajo que debe funcionar de forma independiente".

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