El Ministerio Público solicita penas que suman 16 años y dos meses de prisión para cuatro personas acusadas de pertenecer a una red que introducía hachís desde la ciudad autónoma de Melilla a la provincia de Córdoba a través de "muleros" que portaban esta sustancia en el interior de su organismo.

El escrito de conclusiones provisionales de fiscal recoge que la Brigada de la Policía Judicial de Córdoba comprobó que el acusado C.J.L.P. actuaba como jefe de un grupo organizado que se dedicaba a introducir cantidades importantes de hachís procedente de Melilla en la provincia de Córdoba.

Para ello, utilizaba a varias personas que transportaban la droga en su organismo para evitar que fuera detectada en los controles policiales.

En el marco de la investigación, la Policía Judicial intervino dos líneas de teléfono de este acusado a través de las cuales se conoció que otros dos procesados, T.B. y G.G. iban a introducir hachís siguiendo el itinerario Melilla-Málaga para posteriormente dirigirse a Palma del Río donde la difundirían a terceros.

 

Estos dos acusados fueron detenidos en el aeropuerto de Málaga donde al ser explorados se observaron que llevaban numerosos cuerpos extraños
El 13 de septiembre de 2006, estos dos acusados fueron detenidos en el aeropuerto de Málaga donde al ser explorados se observaron que llevaban numerosos cuerpos extraños.

 

 

En concreto, T.B. expulsó 119 bellotas de tetrahidrocannabilnol, con un peso de 1.188 gramos de un valor de 5.209 euros, mientras que G.C. expulsó 69 bellotas de la misma sustancia, con un peso de 1.028 gramos y un valor de 4.494 euros.

También se detuvo en esta intervención a S.E., quien según el fiscal era el encargado de trasladar a los anteriores a la localidad de Palma del Río.

A través de las conversaciones telefónicas intervenidas se conoció que el cabecilla de la red, C.J.L.P. tenía en la ciudad de Melilla con una importante cantidad de droga, por lo que se registró su domicilio donde se encontraron 1.913 gramos de TCH, balanzas de precisión, 320 euros en metálico, documentación personal, 15 rollos de papel celofán, así como un billete de barco y un giro postal para S.E.

Para el Ministerio Público, los hechos constituyen un delito contra la salud pública, por lo que C.J.L.P. tendrá que enfrentarse a una pena de cinco años de prisión y a una multa de 24.000 euros. Por su parte, para S.E. se solicita una pena de 4 años y dos meses de cárcel y una multa de 9.000 euros.

Finalmente, para los "muleros" G.G. y T.P. se solicita una pena de tres años y medio de cárcel para cada uno de ellos y una multa de 9.000 euros.

 

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