El PSOE ha planteado al resto de grupos políticos de la oposición presentes en la Comisión de Investigación sobre la adjudicación de parques eólicos llegar a un consenso sobre las comparecencias que se aprueben o "bloquear" la misma con el empate hasta forzar el acuerdo.

Así lo ha expresado uno de los integrantes socialistas de la Comisión, Javier Izquierdo, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a su compañero de Grupo y también miembro de este órgano José Francisco Martín para hacer un balance tras las consultas de los expedientes eólicos en cinco provincias y el análisis de la "escasa" documentación recibida sobre el polígono industrial de Portillo y el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo.

Izquierdo ha advertido de que si no hay un acuerdo sobre las comparecencias que se pedirán, que el Grupo Socialista cifra en su caso entre 80 y 90 aunque pueda prescindir de "algunas", el PP podría sacar "estrictamente" las que quiera y "cerrar en falso" la Comisión.

Por ello ha pedido la colaboración de todos los grupos en este sentido y ha propuesto ponerse de acuerdo entre todos o rechazar las propuestas del PP y "bloquear" la Comisión hasta que haya un acuerdo en un "mínimo" de comparecencias de cargos políticos, empresarios, etcétera, ante este órgano.

Javier Izquierdo ha señalado que la reunión de la Comisión en la que se pretende debatir este asunto, que estaba prevista para este viernes, se ha retrasado al miércoles de la semana que viene, día 10 de febrero. El procurador socialista ha concretado que sus propuestas pueden ascender a 80 o 90 nombres, aunque algunos se puedan repetir dado que aparecen tanto en la presunta "trama" eólica como en el "erial" de Portillo y en la "Perla Negra" (edificio de Arroyo) como en el caso de empresarios o cargos políticos.

También ha criticado las dificultades para hacer llegar determinada documentación a los procuradores de la Comisión y que cuando el PP ha visto que eran "tenaces" en el análisis de la misma hayan corrido "a todo pastilla" para dar "carpetazo" al asunto.

Los procuradores socialistas han hecho un balance de las visitas que han realizado a cinco provincias para analizar la documentación sobre la adjudicación de parques eólicos.

Tras estas visitas, Javier Izquierdo ha hecho una petición a la Junta de Castilla y León para que elabore un "mapa" de las diferentes provincias de la Comunidad en las que se detallen estos parques —algo que cree que puede estar hecho—, una manera de ver "el mapa de la corrupción de Castilla y León" de una forma "física".

Falta de colaboración

En esta línea, ha reiterado sus críticas al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, por decir que le da "asco" la corrupción cuando sigue sin dar instrucciones a los representantes del PP en la Comisión de investigación para que permitan acceder a la documentación. Como ejemplo de ello ha puesto la petición de "cronogramas" de las tramitaciones de los parques, que se negaron, cuando existen y han podido encontrar alguno.

Javier Izquierdo ha afirmado que en la documentación analizada han podido comprobar que en las tramitaciones hay "una clara voluntad de manejar los tiempos con fines espurios" para lo que han existido empresarios "parásitos" que han aparecido en un momento de la tramitación que se ha agilizado "a toda máquina", tras lo que han desparecido y han cobrado hasta 110 millones de euros de comisiones, algo que investiga la Agencia Tributaria.

Además, ha asegurado que también se ha dado el caso contrario y a algunas empresas "se las ha echado literalmente", ya que después de dar autorización a una de ellas en la provincia de Burgos, tres años después de la solicitud y tras agilizarse muchísimo con un cambio de titularidad, se le deniegan otros parques en Valladolid nueve años después por falta de solvencia técnica y financiera.

Así, ha insistido en que ha habido intención de expulsar algunas empresas igual que de "adosar socios parásitos a las eléctricas para lucrarse de forma indecente", algo que considera que la Junta tendrá que explicar.

En cuanto al análisis de la documentación de sobre el edificio de Arroyo, José Francisco Martín ha asegurado que "el asco llega a la náusea" por la escasez de información remitida, que es de sólo 28 documentos cuando faltaría al menos el doble. Así, ha responsabilizado al PP de impedir el acceso a una información que a su juicio es "imprescindible" para saber lo que ha pasado, quién se llevó dinero, cuánto y cuándo.

En esta línea, a la vista de la documentación que ha llegado, ha expresado en tono irónico su "comprensión y solidaridad" con el presidente de la Comisión, el 'popular' Juan José Sanz Vitorio, porque cree que le están "engañando y vacilando" como a ellos, ya que puede ser "perfectamente" que le estén "toreando" por los gestores de la ADE "suponiendo que le hayan remitido a él lo mismo", que es "menos de la mitad" de lo solicitado.

Además de esta circunstancia, el procurador socialista ha advertido de que todo lo que gestiona la ADE no se registra, ya que de los 28 documentos que les han remitido, que "se supone" que son "originales", sólo uno tiene registro de entrada. Por ello, cree que no hay garantías de que no se hayan podido hacer "ayer por la noche con premeditación, alevosía y nocturnidad".

En cuanto al polígono de Portillo, ha afirmado que la situación se repite y que también faltan "los datos más importantes", algo que no sabe si es por falta de colaboración del PP en la Comisión, de los 'populares' en general, o porque se ponen obstáculos para que los ciudadanos puedan conocer los "mapas de corrupción" en Castilla y León.