La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha destacado este martes que los tribunales le dieron la razón en su demanda contra el Ayuntamiento de Huelva y condenaron al Consistorio onubense por "incumplir" el convenio de la antigua cárcel.

Así se lo ha trasladado este martes el presidente de esta sociedad estatal, Andreu Roca Bassas, al subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, según han informado la Subdelegación en una nota de prensa.

Roca ha especificado que en sentencia del pasado 14 de diciembre de 2015, los tribunales han condenado al Ayuntamiento de la capital a "que tras la formalización de escritura pública en la que se transmita al Ayuntamiento de Huelva el local del Antiguo Centro Penitenciario de Huelva, sito en la Avenida del Alcalde Federico Molina, número 5, abone a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. la cantidad de 2,2 millones de euros, con expresa imposición de costas a la parte demandada".

Hay que recordar que el Consistorio debe abonar los 2,2 millones de euros por el convenio de permuta firmado en 2006 con Instituciones Penitenciarias que contemplaba la cesión de la antigua cárcel a cambio de la parcela cercana al centro comercial Holea donde actualmente está ubicado el Centro de Inserción Social David Catalá y dicha compensación económica.

Así, han indicado que la sentencia estipula también que tendrá que escriturar el Centro de Inserción Social David Catalá a nombre de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.

Por su parte, el presidente de SIEP ha mostrado su sorpresa por el anuncio del Ayuntamiento de Huelva de imponer ahora una "multa coercitiva" a la Sociedad tras la sentencia judicial que condena al Consistorio, y después de que el pasado mes de septiembre se desplazase a la capital onubense para mantener una reunión con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, a fin de buscar una salida consensuada a la antigua prisión provincial.

Entre otros asuntos, se solicitó un aplazamiento para pasar la Inspección Técnica de Edificios y se reiteró al Ayuntamiento la propuesta de fraccionar el pago de los 2,2 millones adeudados.

Así las cosas, el encuentro finalizó sin cerrarse ningún acuerdo y desde entonces el propio presidente de la SIEP "ha intentado llegar a un entendimiento con el alcalde, pero no ha sido posible".

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios ha trasladado al subdelegado del Gobierno en Huelva que la SIEP es propietaria del edificio de la antigua cárcel desde 2009, una vez que se desafecta como centro penitenciario. "Desde entonces, —según ha remarcado Roca—, se ha tratado en diversas ocasiones con el actual y el anterior alcalde de Huelva llegar a un acuerdo sobre el futuro del edificio".

En concreto, por iniciativa de SIEP y con motivo de inspeccionar las instalaciones, la visita que tenía prevista realizar el 4 de diciembre de 2013 con técnicos de la anterior corporación municipal, no pudo realizarse debido a estar ocupada por un grupo organizado de personas, desestimándose la intervención de la policía municipal.

Además, la SIEP ha recordado que el mes de noviembre pasado se llevaron a cabo labores de mantenimiento en la puerta principal y voladizos del edificio.

El presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios ha reiterado al subdelegado "el interés" que esta entidad estatal ha demostrado, desde el año 2009, por llegar a un acuerdo con el Consistorio sobre el futuro de la cárcel antigua de Huelva, "como así se demuestra en cada uno de los intentos realizados en los últimos tiempos para normalizar la situación del edificio y que se cumpla lo firmado en el convenio".