El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este martes, por unanimidad, la puesta en marcha de una comisión de investigación para depurar posibles responsabilidades políticas en la gestión pública del proyecto empresarial de Ecomasa, en el que se han perdido 18 millones de euros de dinero público y 3,2 millones de las indemnizaciones por despido de los trabajadores de Teka recolocados en la fábrica de estufas de Maliaño.

Determinar el destino de ese dinero y "donde estuvo el error" para evitar que se vuelva a repetir serán también objetivos de esta comisión parlamentaria que correrá en paralelo a la investigación judicial abierta a raíz de la querella presentada por los trabajadores contra los antiguos gestores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

Querella en la que se ha personado como acusación Sodercan, y también ha solicitado hacerlo el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), los dos organismos públicos que aportaron financiación a Ecomasa.

La iniciativa de crear esta comisión de investigación -la cuarta tras las de Hormaechea, GFB y Cantur-Racing-, ha partido de Podemos pero ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, cuyo portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha dado la "bienvenida" a la comisión y ha augurado que será "muy esclarecedora".

El secretario general y portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha confiado en que la comisión "no se base en apedrear al PP", porque "el objetivo no es ese", y ha apelado a que sirva para ver "donde se falló para después sentar las bases para que no se vuelvan a repetir los errores que sucesivamente gobierno tras gobierno han cometido".

La aprobación de esta comisión de investigación se produce un día después del despido de los 51 trabajadores que quedaban en la fábrica de Maliaño, que cerrará a finales de mes. La plantilla se ha concentrado en la puerta del Parlamento para mostrar su apoyo a la comisión de investigación y pedir ayuda al Gobierno para conseguir su recolocación en empresas que tengan previsto instalarse próximamente en Cantabria.

(Habrá ampliación)