El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha mantenido este martes un encuentro con directivos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para abordar la cesión de viviendas desocupadas por parte de la citada entidad al Consistorio para su gestión como alquiler social.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el encuentro se enmarca dentro de las reuniones de trabajo que el equipo de gobierno municipal está llevando a cabo con entidades bancarias, de las que ya se han desarrollado varias, con el objetivo de aumentar el stock municipal de viviendas para cubrir la demanda ciudadana, después de que la oferta de la empresa pública Emvisesa haya quedado bajo mínimos al adjudicar ya la práctica totalidad de sus inmuebles.

En este contexto y en cumplimiento del acuerdo plenario al respecto, Espadas ha analizado con la entidad financiera la posibilidad de introducir el alquiler social en las viviendas desocupadas que la Sareb tiene en la ciudad. Ahora, se abre un marco de trabajo centrado en definir cuántas viviendas y en qué condiciones se cederían, mientras que el Ayuntamiento trabaja paralelamente en la puesta en marcha de un nuevo plan de vivienda.

Cabe recordar que ya en diciembre de 2015 Espadas advertía de que se había adjudicado la práctica totalidad de viviendas de Emvisesa, alrededor del 95 por ciento, mientras que siguen existiendo 389 familias baremadas con necesidad urgente de un piso. Además, hay unos 11.800 inscritos en el registro de demandantes, la mitad de ellos jóvenes y el 60 por ciento con ingresos por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Mientras se cuenta con una reducida bolsa de viviendas para hacer frente a la emergencia social, se elabora el nuevo plan que tendría especial atención al alquiler y para colectivos de hasta 1,5 veces el Iprem.

Junto a esto, el Ayuntamiento promueve una serie de medidas urgentes, aprobadas por el Pleno, como la creación de una Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna, cuya sede estará en el antiguo registro de demandantes de San Jerónimo y donde trabajarán 20 personas. Esta oficina tendrá un presupuesto de cuatro millones, de los que unos 2,8 millones irán para ayudas y 1,2 millones para personal, e incorporará como eje central el protocolo de actuación ante los desahucios.

Igualmente, se pondrá en marcha un plan de regularización de inquilinos deudores, un acuerdo con los juzgados para definir un protocolo contra los desahucios que permita al Ayuntamiento tener información previa a los lanzamientos, recuperación de la comisión municipal de vivienda, incorporación de la rehabilitación en el nuevo plan, además de un plan de apoyo a la convivencia con el objetivo de mejorar las relaciones y garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los inquilinos.