La Junta de Extremadura ha anunciado que solicitará la devolución de los 10,4 millones de euros que el Ministerio de Agricultura a través del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) retuvo a la comunidad autónoma por supuestas "deficiencias detectadas" en la consideración de los pastos por la Comisión Europea (CE) en abril de 2009.

De este modo lo señala en nota de prensa después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado, a petición de la propia Junta de Extremadura, la suspensión cautelar del acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 2015 que estableció que la comunidad extremeña debía devolver 10,4 millones de euros correspondientes a fondos europeos.

La medida cautelar, solicitada por la Administración autonómica, se adopta "mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo que elevó la Administración regional contra el citado acuerdo ministerial".

Tras conocer esta decisión judicial, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha apuntado que la Junta "seguirá defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños en todas las instancias necesarias".

En el mencionado auto el Supremo considera que la Administración general "se precipitó al realizar esa deducción sin esperar a la resolución del propio alto Tribunal sobre la medida cautelar", por lo que, "precisamente y para preservar la eficacia de la medida cautelar adoptada, abre un trámite para oír a las partes y, en su caso, proceder al reintegro de la multa, dejando sin efecto la deducción practicada".

Finalmente, la Junta añade que el Tribunal Supremo, "ponderando los intereses públicos en juego", considera que "procede la medida cautelar", ya que —indica el Ejecutivo regional— "no se aprecia que, al adoptarla, exista un perjuicio grave para la Administración General del Estado, que abonó la totalidad de la deuda el 6 de mayo de 2015, en comparación con la que se ocasionaría a la Administración autonómica".