Los afectados por la devaluación de las acciones de Bankia poco después de su salida a Bolsa han recibido este miércoles el respaldo del Tribunal Supremo. La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha desestimado dos recursos de Bankia contra dos sentencias previas en las Audiencias Provinciales de Asturias y Valencia que le fueron desfavorables y que decretaban la nulidad en la suscripción de acciones por dos afectados.

Según explica ahora el Supremo, que ha "desestimado todos los motivos de los recursos", en aquella compra de acciones se produjo un "error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública". Es decir, que había un desfase entre las cifras de Bankia que presentaba el folleto informativo de la Oferta Pública de Adquisición de acciones en julio de 2011 y las cifras reales.

La opinión del Supremo coincide con la de los peritos independientes del Banco de España que aseguraron en un informe remitido al juez Fernando Andreu —que lleva la cuasa penal en la Audiencia Nacional— que las cuentas presentadas por la entidad no presentaban "una imagen fiel" de la compañía. Precisamente este miércoles, el organismo regulador ha asegurado todo lo contario que sus peritos y ha avalado las cuentas de Bankia en su salida a Bolsa.

Bankia está ahora obligada a devolver el dinero a los dos suscriptores que denunciaron la pérdida de valor de sus acciones suscritas en una entidad —producto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorros— que, poco después, tuvo que ser intervenida, rescatada y nacionalizada en mayo de 2012, menos de un año después de su salida a Bolsa, tras reformularse las cuentas de 2011 que revelaron 2.979 millones de pérdidas.

En una de las sentencias —ahora amparada por el Supremo— la Audiencia Provincial de Valencia estimaba la demanda de un matrimonio que suscribió acciones por valor de 20.868 euros y acusaba a Bankia de publicitar una situación de solvencia irreal. "No basta cumplir con la información [en el folleto] sino que el contenido debe ser veraz, objetivo y fidedigno y ello respecto a loseneficios y pérdidas de Bankia se ha demostrado que lo informado no fue real", decía la sentencia. En un dictamen similar, la Audiencia Provincial de Oviedo condenaba a Bankia a devolver 9.997,5 euros a otro matrimonio y el juez especificaba que "el dolo penal es independiente del dolo o culpa civil y nada impide que esto último pueda existir con abstracción del primero".

La sentencia del Supremo es un doble varapalo para Bankia: primero, porque su decisión podría ser citada ante un juzgado por el resto de los 347.338 accionistas individuales y 280 institucionales que suscribieron los 3.100 millones de capital en un operación que el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato, calificó como "éxito". El 60% del dinero fue desembolsado por esos inversores particulares, mientras que 40% restante fue suscrito por instituciones.

En su recurso, Bankia solicitaba revocar las dos sentencias porque no se acreditaba"de forma suficiente y adecuada" la falta de veracidad en la información del folleto. Según la entidad, el pliego cumplía con la normativa vigente e "incluso suponiendo que la situación no hubiese sido la descrita", según defendía la entidad, los clientes habrían firmado igualmente el contrato.

El segundo motivo de preocupación para Bankia es que, según explica el comunicado emitido por el CGPJ, el Tribunal Supremo ha rechazado en el pleno celebrado esta mañana "que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil". De esta forma, se mantienen abiertas las causas en los distintos juzgados españoles interpuestas por los pequeños inversores.

"Es obvio que la evolución de las demandas es creciente", admitió el pasado mes de noviembre el consejero delegado del grupo, José Sevilla, durante la presentación de los resultados trimestrales de la empresa. Según Sevilla, el número de demandas civiles individuales o conjuntas ascendía entonces a unas 6.000. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha perdido el 93% de las sentencias. "En realidad no es un cambio de doctrina, el Supremo respalda ahora la tónica de las sentencias anteriores", matiza a 20minutos el abogado Antonio Valverde, asociado del bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

Según los cálculos del FROB, hasta un 60% de los pequeños inversores que acudieron a la OPA podrían intentar recuperar su dinero, lo cual eleva a 200.000 los accionistas individuales a los que Bankia tendría que indemnizar. Para afrontar los pagos, la entidad —y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA)— anunciaron el mes pasado que iban a elevar a 1.840 millones de euros para cubir las indemnizaciones.

En previsión de futuras indemnizaciones, la entidad ha reservado 1.840 millones de euros en sus balances. Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankia asumirá el 40% del coste de esas indemnizaciones, mientras que el 60% restante corresponderá a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), participada íntegramente por el Estado y que posee el 64,1% de las acciones de Bankia.