El empresario acusado por un accidente laboral ocurrido en Cangas del Narcea en mayo de 2011, con un trabajador herido, asumió este miércoles su responsabilidad en los hechos y aceptó una pena de un año de prisión y el pago de indemnizaciones por valor de 152.190 euros.

Según se informa en una nota de prensa, la vista oral estaba señalada este miércoles en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo, aunque el reconocimiento de los hechos por parte del acusado evitó su desarrollo.

Sobre las 18.00 horas del 24 de mayo de 2011, el conductor transportaba en un camión con remolque basculante 26 toneladas de árido, con destino a la carretera AS-212, en Fondos de Villa (Cangas del Narcea). Se trataba de un arcén de parada de vehículos con forma semicircular, sobre el que sobrevolaba una línea de alta tensión.

Una vez estacionado levantó el basculante del remolque e inició la descarga, al mismo tiempo que desplazaba el camión poco a poco hacia delante para facilitar el vaciado. Al llegar al final del arcén se paró cerca de un árbol y se bajó para comprobar si la descarga se había realizado en su totalidad.

Por encima del árbol sobrevolaba una línea de alta tensión, a una altura sobre el suelo de 8,80 metros. Al comprobar el trabajador que la descarga había finalizado, desde el exterior del camión accionó la palanca que hacía bajar el basculante y cerró la puerta.

En ese momento, el empleado se percató de que el basculante, al bajar, iba a entrar en contacto con el cable de alta tensión, trató de detener el descenso. Se produjo entonces un arco eléctrico que le alcanzó, causándole múltiples quemaduras en el tórax y ambas extremidades superiores e inferiores, y contusión parieto-occipital derecha.

Las heridas tardaron en curar 489 días, de los que estuvo ingresado 39. Además le han quedado algunas secuelas, como la amputación de un dedo de la mano izquierda y la amputación de un dedo del pie derecho. Por ello ha sido declarado incapaz permanente total para su profesión habitual.

El acusado, administrador único y socio mayoritario de la empresa para la que trabajaba el herido permitía la realización de las tareas pese a conocer que sus empleados carecían de formación e información preventiva, que se estaban incumpliendo las directrices de la evaluación de riesgos elaborada por la mutua, que no se efectuaban estudios de viabilidad en los trabajos en proximidad de líneas de alta tensión y que no se comprobaban previamente las características de los lugares en los que se efectuaban los trabajos.

El acusado asumió un delito contra la vida y salud de los trabajadores y un delito de lesiones imprudentes. Por ello aceptó una condena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una indemnización al trabajador herido de 127.567 euros y otra de 24.623 euros a la mutua que se hizo cargo de los gastos de la asistencia médica prestada a la víctima. De estas cantidades responderá de forma directa la aseguradora de la empresa y, subsidiariamente, la propia entidad.

Al ser de conformidad, la sentencia del Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo se redactará en estos mismos términos.