El yacimiento arqueológico de Santa Marta-La Orden, que ha sufrido los movimientos de tierra, supone el 0,04 por ciento de la zona arqueológica existente en Huelva capital, que alcanza una extensión total de 38.686,20 metros cuadrados.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Romero, ha hecho hincapié en que, aunque estos movimientos "han provocado una pérdida irreparable de información arqueológica de valor incalculable" —tal y como señala el informe realizado por técnicos de la Delegación de Cultura de Huelva—, la parcela afectada "supone el 13 por ciento de la zona arqueológica de La Orden y las otras tres —ya valoradas y analizadas—, el 87 por ciento".

Por otro lado, Romero ha dejado claro que la Junta tuvo conocimiento de estos hechos, a través del Seprona, el día 13 de enero, personándose técnicos de la Delegación en el lugar, y ha remarcado que se ordenó la paralización de las obras unos días después, como medida cautelar, concretamente el 18 de enero, "porque en esos días ya no había movimiento en la zona" y ha detallado que cumplió el procedimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

Del mismo modo, ha puntualizado que los propietarios de los terrenos "conocían que estos terrenos estaban considerados BIC por la Junta y también sus consencuencias", por lo que ha hecho hincapié en que "se llegará hasta el final y se tomarán medidas contundentes".

A su vez, ha defendido que la colaboración de la Junta con el Ayuntamiento ha sido "máxima" y ha asegurado que la Administración andaluza no informó al Consistorio de movimientos de tierra en parte del yacimiento antes de que el arqueólogo Diego González denunciara estos hechos, ya que "no tenía conocimiento de los mismos", indicando además que, ese caso, "hubiera actuado en ese momento".

Por último, ha dejado claro también que aunque esté considerado BIC "no es obligatorio que la zona esté vallada". En todo caso, ha continuado, es "responsabilidad de los propietarios de la parcela, pero no es obligatorio".

Valoración económica

Cabe recordar que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha establecido una primera valoración económica previa y provisional del daño causado por estos movimientos de tierra, que alcanza los 302.590 euros.

En esta valoración la Junta de Andalucía ha tenido en cuenta, por un lado, el coste de las actuaciones preventivas que debían haberse realizado en tres de las parcelas y que asciende a 12.000 euros y, por otro y en relación a la parcela donde se han realizado los movimientos, la pérdida documental por el patrimonio arqueológico destruido, unos 53.200 euros, y el valor material de los bienes muebles e inmuebles eliminados en comparación con los encontrados en las otras parcelas, que asciende a 226.750 euros, así como la conservación del registro material de naturaleza arqueológica requerido, 10.640 euros, sumando todo 302.590.

Esta cuantía viene detallada en el informe que remitió el pasado viernes al Seprona de la Guardia Civil y a la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los efectos de estos movimientos de tierras en esta zona. El mismo, emitido tras visitar los técnicos el lugar de los hechos, confirma una serie de indicios delictivos.

Por un lado, constata que se han realizado importantes movimientos de tierras —con rebaja del terreno de hasta cinco metros— en las cuatro parcelas, en las que se aprecian estructuras arqueológicas cortadas y restos materiales arqueológicos sobre todo en una de éstas, que no había sido objeto de intervención arqueológica previa a diferencia de las otras.

No obstante, en la misma la intervención realizada en los años 2007-2008 permitió constar la existencia en el lugar de diversas necrópolis de hasta 5.000 años de antigüedad —neolítica, calcolítica, de la edad del bronce, tardorromana y medieval-islámica—.