La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha asegurado este martes que la "confirmación del acuerdo de Gobierno" en Castilla y León entre el Partido Popular y Ciudadanos (C's) supone que este partido es "consentidor, cómplice y connivente" con el PP y las "políticas que aplican".

Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa este martes tras la celebración de la Comisión de Seguimiento entre los grupos parlamentarios Popular y de Ciudadanos acordada en el pacto que facilitó la investidura de Juan Vicente Herrera en junio de 2015 y que, según la procuradora socialista, ha confirmado el "romance imposible" y que "lo que iba a ser un acuerdo de investidura se ha convertido en un pacto de Gobierno".

Ana Sánchez ha considerado que la reunión celebrada este martes ha sido un "paripé" y tras ella se ha comprobado que Ciudadanos es "consentidor, cómplice y connivente con el Gobierno del PP y de sus políticas".

La secretaria de Organización socialista ha reprochado al partido naranja que hace seis meses "tuvo la oportunidad de cambiar las cosas" pero sin embargo en este tiempo nada ha cambiado, por lo que se ha preguntado "a quién beneficia" el acuerdo entre PP y Ciudadanos.

Por ello, Sánchez ha explicado que le llama la atención que el Grupo Parlamentario de C's "no hace más que quejarse" de las políticas de la Junta en materias como la Sanidad o reclama una reforma electoral.

Por otro lado, ha aseverado que el Partido Popular está "asolado bochornosamente" por la corrupción, en el día en el que se ha conocido una operación de la Guardia Civil contra una trama de corrupción en el PP de Valencia.

A juicio de Ana Sánchez, el "imputado PP" se encuentra en un "estado de podredumbre", por lo que, en su opinión requiere una "renovación completa de la derecha española, también en Castilla y León". De hecho, ha apostillado que así, los 'populares' "no están en condiciones de pactar con nadie" ni en España ni en la Comunidad castellanoleonesa.

Con ello, ha recordado, comenzará la próxima semana el nuevo periodo de sesiones de las Cortes de Castilla y León, "con la corrupción por bandera", con la trama 'Gürtel' por un lado y la destrucción de los "ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas", por otro. Por lo cual, ha garantizado que el PSOE continuará su trabajo en las comisiones de investigación que están en marcha en las Cortes regionales.

Ana Sánchez ha querido subrayar que "no habría comisiones de investigación si no existiera la corrupción en los altos cargos del PP" y que, sin el trabajo del PSOE, "se conocería poco del fondo de la corrupción" en Castilla y León, pues entiende que el Grupo Popular está "más preocupada de finiquitarlas".

Por otra parte, la viceportavoz del PSOE en las Cortes regionales, Virginia Barcones, ha explicado que el Grupo Parlamentario comenzará "con los motores en marcha", con 475 iniciativas, de las cuales 82 serán interpelaciones, seis mociones, 289 proposiciones no de ley, 31 preguntas orales a comisión y 35 preguntas en pleno, una proposición de ley y 31 solicitudes de comparecencia.

El objetivo será, ha subrayado, "seguir el trabajo para resolver los problemas de los ciudadanos de Castilla y León" después de haberles escuchado a los colectivos, a los agentes sociales y a "todos los ciudadanos en cada uno de los territorios".

Propuestas para el próximo pleno

Barcones ha citado tres propuestas que el Grupo Socialista defenderá en el Pleno de la próxima semana, entre las que se encuentran una interpelación en materia de Sanidad ya que entienden que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez "tiene que dimitir o tiene que ser cesado por los muchos y graves" errores que ha cometido, como los fallos del sistema informático Medora, la pérdida de pruebas diagnósticas en Ávila, las listas de espera, o la situación del Hospital de Burgos, que "lastra a la Sanidad de toda la Comunidad".

En segundo lugar, se ha referido a una moción, derivada de una interpelación debatida en el anterior Pleno, sobre la política universitaria.

Finalmente, el PSOE presentará una proposición no de ley en apoyo a los trabajadores de Tragsa, que hoy celebran una manifestación en Madrid, y que ya registraron el pasado 4 de enero en las Cortes. Barcones ha considerado que una empresa pública "que da beneficios no puede despedir a trabajadores".

Por ello, aunque ha reconocido que existe una "satisfacción parcial" con el anuncio de que la empresa ha paralizado el Expediente de Regulación de Empleo, los socialistas reclaman que se readmita a los trabajadores que ya habían sido despedidos.