El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez (PSOE), ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía no les informó de movimientos de tierra en parte del yacimiento arqueológico denominado Santa Marta-La Orden en el mes de diciembre, antes de que el arqueólogo Diego González denunciara estos hechos, a lo que ha añadido que la primera comunicación de la Administración andaluza al Consistorio se produjo el día 22.

En rueda de prensa para informar sobre los asuntos que se abordarán en el próximo pleno ordinario del mes de enero, y preguntado por este asunto, el también concejal de Urbanismo ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento conoció estos movimientos de tierra el 8 de enero.

Sobre el informe realizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en el que establece una primera valoración económica previa y provisional del daño causado en la parecela, que alcanza los 302.590 euros, el concejal ha señalado que "la valoración económica es lo de menos", mostrando su "preocupación e indignación", ya que "el daño es irreparable e incalculable para el patrimonio de los onubenses".

En esta línea, ha matizado que este informe servirá para establecer la sanción económica que se pueda interponer por estos hechos y ha insistido en "la decidida intención" del Ayuntamiento de "llegar hasta el final y que los responsables se lleven el castigo que merecen".

Gómez ha precisado que la paralización de los movimientos de tierra en la zona la dicta la Junta, que es quien tiene la competencia al tratarse de una zona inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de la Zona Arqueológica de Huelva, siendo por tanto Bien de Interés Cultural (BIC), desde 2007.

Por otro lado, en cuanto al cese del jefe de sservicio del área de Urbanismo ha remarcado que se trata de "un puesto de libre designación y no es el primer ni el último funcionario al que le ocurre", a la par que ha insistido en que su cese "estaba previsto antes, no tiene nada que ver con estos movimientos de tierra, así como que el Ayuntamiento no achaca a este funcionario lo ocurrido".

Por último, ha dejado claro que los responsables de los hechos, refiriéndose a la constructora dueña de las parcelas y a la empresa que realizó los movimientos de tierra, "están designados en los expedientes abiertos por el Consistorio y en las diligencias judiciales".