El Consell denuncia que el PP usó Ciegsa como una "Conselleria de Educación en B" con 1.000 millones de sobrecoste

Los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y Educación, Vicent Marzà, han dado a conocer este miércoles el Informe definitivo de Auditoría realizado por la Intervención de la Generalitat a la empresa pública Ciegsa --dedicada a la construcción de infraestructuras educativas--, que "confirma las sospechas" de que los gobiernos autonómicos del PP utilizaron ese organismo para "crear una administración educativa paralela, una especie de Conselleria de Educación en B".

Los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y Educación, Vicent Marzà, han dado a conocer este miércoles el Informe definitivo de Auditoría realizado por la Intervención de la Generalitat a la empresa pública Ciegsa —dedicada a la construcción de infraestructuras educativas—, que "confirma las sospechas" de que los gobiernos autonómicos del PP utilizaron ese organismo para "crear una administración educativa paralela, una especie de Conselleria de Educación en B".

Así lo ha aseverado el titular de Hacienda, que ha señalado que "hoy, por fin, los valencianos van a saber cuánto les ha costado Ciegsa". En este sentido, ha detallado que, de acuerdo al informe, los gastos han supuesto 457 millones de euros —393,33 de costes financieros; 42,65 en personal y 21 en servicios exteriores— y sobrecostes de un 36 por ciento respecto a lo que hubiera costado construir los centros educativos si se hubiera gestionado directamente desde la Conselleria. "En total, 1.000 millones de euros de sobrecoste por la existencia de Ciegsa", ha sentenciado.

Por su parte, el conseller de Educación ha estimado que, con ese dinero, podrían haberse construido unos 200 colegios nuevos (a una media de 5 millones de euros por centro). Marzà ha desgranado el contenido del estudio elaborado por el interventor, que refleja, ha dicho, "sobrecostes", "vulneración de la legalidad", "sueldos VIP" y "barra libre de barracones".

Por todo ello, ambos consellers han aseverado que este documento se va a llevar al pleno del Consell para que, previo informe de la Abogacía de la Generalitat, se decida qué hacer. La intención es trasladarlo a la Fiscalía para que estudie la información y si pueden derivarse responsabilidades.

((Habrá ampliación))

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