Los trabajadores de Tragsa continuarán con las movilizaciones para hacer frente a lo que consideran una "carnicería" planteada, a su juicio, por la empresa pública en el ERE presentado en 2013 y cuyos despidos se ejecutan estos días.

Así lo ha subrayado este viernes el presidente del Comité de Empresa en Castilla y León y miembro del Comité Intercentros a nivel nacional, Ángel Hernández Pinilla, instantes antes de participar en una asamblea en el Centro Cívico Delicias de Valladolid, donde se ha dado cuenta a los trabajadores del resultado de la reunión con la Dirección de la empresa celebrada el jueves en Madrid.

En ella se ha congregado más de medio millar de trabajadores, incluidos algunos miembros de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), dependientes también de Tragsa, que durante la pasada campaña de fuegos protagonizaron una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

Se trata de una más de las asambleas informativas que los representantes de los trabajadores han convocado en las distintas comunidades autónomas para compartir lo tratado en el encuentro del Comité Intercentros el pasado jueves y del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbritraje (SIMA) el día anterior.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Hernández Pinilla ha reconocido que los miembros del Comité salieron "totalmente frustrados" de la reunión ante el mantenimiento de "los mismos términos" por parte de la empresa.

"OPACIDAD"

Asimismo, ha criticado la "opacidad" y "falta de información" facilitada por la Dirección del grupo a los representantes de los empleados, los cuales solicitaron datos económicos para conocer la situación real de la empresa, el informe que justifica la aplicación del ERE que contempla cerca de 1.300 despidos en toda España de Tragsa y Tragsatec —181 de ellos en Castilla y León— y el coste que para el grupo tendrá el pago de indemnizaciones por la extinción de estos contratos.

En este sentido, ha rechazado el argumento de Tragsa de que no tenga obligación de facilitarlo ya que, a juicio de Hernández Pinilla, los trabajadores "también son la empresa", al tiempo que ha lamentado que una compañía pública como ésta "no respete la Ley de Transparencia".

El presidente del Comité de Empresa en la Comunidad ha criticado el intento por parte del Gobierno, actualmente en funciones, de "desmontar un servicio público que ha demostrado su capacidad y valía en los últimos 37 años" para "colocar estas tareas a empresas privadas afines".

En este sentido, ha sugerido un "esfuerzo" por parte de la Dirección para conseguir que el grupo "dé números rojos" y "así justificar la aplicación de este ERE".

Ángel Hernández Pinilla ha vuelto a cargar contra el modo en que se aplican los despidos —más de 600 en todo el país hasta la fecha—, en el que, según ha defendido, "se juega con el miedo y el chantaje a los trabajadores" y ha pedido "la complicidad de todos" para hacer frente a esta situación.

Por último, ha advertido de que esta política contribuye "a la despoblación del medio rural" y a que Castilla y León quede "hecha un desierto".