CCOO pide al Govern que acabe con "el mercadeo a la baja en que se han convertido los concursos públicos"

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) reclama al Govern que establezca de manera prioritaria "las medidas oportunas para combatir activamente la precariedad" que se da en según que concursos públicos, como la contrata del servicio de limpieza de la Universitat de les Illes Balears (UIB,) y que "no permita que los organismos públicos contraten a según qué empresas y en según qué términos".

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) reclama al Govern que establezca de manera prioritaria "las medidas oportunas para combatir activamente la precariedad" que se da en según que concursos públicos, como la contrata del servicio de limpieza de la Universitat de les Illes Balears (UIB,) y que "no permita que los organismos públicos contraten a según qué empresas y en según qué términos".

En un comunicado emitido este viernes, han explicado que en el pliego de condiciones de la adjudicación a la empresa Ferroser de la contrata de limpieza de la UIB "se pactaba una desmesurada reducción de jornadas de trabajo en torno a las 32.000 horas anuales".

Debido a esto, recuerdan desde CCOO, Ferroser no quiso subrogar a siete trabajadoras, y los sindicatos con representación en el Comité de empresa (CCOO y USO) cerraron 2015 con un preaviso de huelga, que ha forzó a la empresa "a tener que hacerse cargo de las trabajadoras y a la UIB a replantear al alza los términos económicos de la concesión".

Por esto, desde la Federación de Construcción y Servicios de CCOO exigen que "se ponga fin de forma definitiva a esta suerte de mercadeo a la baja en que se han convertido los concursos públicos".

A su vez, piden que se inicien políticas de cara a reconocer a los sindicatos el papel de interlocutores válidos en las licitaciones públicas, en especial, en la confección de los pliegos de condiciones y en las mesas de valoración y adjudicación de las contratas.

Además, también quieren que se establezcan medidas y procedimientos que sirvan para verificar el cumplimiento tanto de las condiciones marcadas en las adjudicaciones para una correcta prestación de los servicios, como de los convenios colectivos.

Asimismo, dentro de sus peticiones, exigen que "se haga real y efectiva" la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones públicas cuando haya "irregularidades e incumplimientos por parte de las empresas contratadas para con sus trabajadores".

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