El Ayuntamiento y la empresa Aguas de Valladolid, adjudicataria del servicio de abastecimiento en la ciudad, han acordado este viernes mediante la firma de un convenio la creación de un fondo dotado con 60.000 euros para garantizar el servicio de agua a las personas vulnerables económicamente.

Según han informado fuentes municipales, esta iniciativa se une a las ya en vigor para facilitar el pago de los gastos de electricidad y gas, y completa las medidas contra la pobreza energética en Valladolid

Con este acuerdo, que prioriza el servicio de agua como un bien "imprescindible para la vida de las personas", se ha acordado la creación, a partir del 1 de enero de 2016 de un Fondo de Solidaridad dotado con 60.000 euros para cubrir las facturas de agua de las familias en situación de vulnerabilidad económica, según evaluación previa del Ayuntamiento.

La cuantía a conceder se aplicará sobre las cuotas fijas y variables del Agua y Saneamiento hasta un máximo de 10 metros cúbicos por trimestre, por miembro de la unidad de convivencia, y se podrá aplicar como máximo para la deuda de cuatro facturas trimestrales.

Esto podría suponer hasta un máximo de 244 euros al año para una familia de cuatro miembros o más y se estima que este fondo podría llegar a beneficiar a 400 familias.

No obstante, los técnicos de Servicios Sociales estudiarán y valorarán en casos excepcionales y de extrema necesidad si procede la ampliación de la ayuda, en el caso de que continúen las circunstancias que motivaron la demanda inicial, con lo que puede bonificarse otras dos facturaciones trimestrales más.

El baremo económico para el acceso a esta ayuda, que se tramitará a través del procedimiento de los Centros de Acción Social del Ayuntamiento de Valladolid, corresponde a la renta de referencia de la unidad familiar o de convivencia para el acceso a la prestación económica para familias en situación de necesidad, es decir, dicha renta de referencia no podrá ser superior a la cuantía anual del IPREM vigente, multiplicada por 1,20, incrementada en el caso de unidad familiar o de convivencia en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes) hasta el límite máximo del 1,8 del IPREM anual, por unidad familiar.

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