Unos 30 municipios de la Comunitat Valenciana ya han comenzado el proceso de adhesión al plan contra la pobreza energética del Consell y la lista va creciendo cada día, según ha avanzado la consellera de Vivienda, María José Salvador, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para analizar el inicio de la campaña de este proyecto.

Este plan, implementado por el Gobierno valenciano con 5,9 millones de euros y cuya primera etapa contará con cuatro millones, "se aprueba con el objetivo de que este invierno ninguna familia valenciana tenga problemas para calefactar su vivienda" y que no sufran "el desamparo terrible que provoca no tener un hogar digno", ha afirmado Puig.

Por el momento, desde su entrada en vigor, ya se han sumado 30 municipios a este plan, y Salvador ha apuntado que diariamente llegan más peticiones de adhesión de otras localidades "que se ampliarán en los próximos días".

No obstante, tanto Salvador como Puig han hecho un llamamiento a los consistorios para que se sumen a este proyecto. En concreto, el 'president' les ha pedido que aprueben "en la mayor rapidez posible" en sus respectivos órganos la adhesión a este plan "para dar respuesta a los ciudadanos que más lo necesitan".

Puig ha resaltado que estas medidas tienen un "apoyo fundamental" en los municipios, por lo que ha agradecido a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias su "disposición" y su "apoyo" para poder llegar a "todas" las localidades de la Comunitat.

El 'president' ha hecho hincapié en que para el Consell "lo primero son las personas", por lo que el objetivo de estas medidas es que ninguna persona "pase frío este invierno y puedan tener una vida cotidiana normal". "Rescatamos personas, su calidad de vida y su dignidad", ha incidido.

Por su parte, Salvador ha recordado que este plan exige la coordinación entre la Generalitat, los ayuntamientos y los servicios sociales, quienes detectan las necesidades y las situaciones de vulnerabilidad de los vecinos.

Las ayudas

La consellera ha explicado que para las ayudas se han destinado en un inicio cuatro millones de euros que se ampliarán progresivamente a medida que se incremente la demanda.

Las ayudas se concederán, a través de los municipios, a aquellas viviendas que por sus ingresos no puedan hacer frente al pago de los suministros de energía eléctrica, gas y agua. También se concederán a las familias que se han visto privadas de la propiedad de su vivienda habitual o han estado desahuciadas por no atender sus pagos y habiendo accedido a un alquiler no tienen capacidad económica por hacer frente al pago de la renta.

Los ingresos de las familias solicitantes de estas ayudas son aquellas cuyos ingresos sean inferiores a 11.182,71 euros e inferiores a 14.910,28 euros en familias con algún miembro con discapacidad o gran dependencia. En ambos casos, los servicios sociales emitirán un informe de cada situación.

El importe máximo global de la ayuda es de 4.000.000 euros. De las ayudas para evitar la pobreza energética se destina para energía eléctrica: hasta 75 euros/recibo (máximo 300 euros por consumidor y año). Gas: hasta 75 euros/recibo (máximo 300 euros por consumidor y año). Agua: hasta 15 euros/recibo (máximo 60 euros por consumidor y año). Para el restablecimiento del suministro: tarifa estándar a determinar por cada compañía. De las ayudas para el alquiler: hasta 100 euros por mes y por un periodo máximo de un año, 1.200 euros.

A través de los municipios, se abonarán a las compañías suministradoras los importes de los recibos de las personas y unidades familiares que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Salvador ha declarado que tal y como la conselleria ha estimado, alrededor de 12.000 familias valencianas podrían acogerse a las ayudas contra la pobreza energética y entre 2.000 y 2.500 a las ayudas al alquiler, por lo que "es fundamental la difusión y la participación de los ayuntamientos para hacer accesible esta línea", ha aseverado.