La Junta confirma a directores de instituto que la partida de gastos de funcionamiento se mantiene para el próximo año

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado al sector de directores de instituto de la comunidad que se mantiene para el próximo año la partida presupuestaria de gastos de funcionamiento, que cada curso escolar, en distintos plazos, el Ejecutivo transfiere para repercutir en compras menores --material escolar no inventariable--, mantenimiento de edificios, adquisición de material de los departamentos y aulas o consumo de electricidad y agua.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado al sector de directores de instituto de la comunidad que se mantiene para el próximo año la partida presupuestaria de gastos de funcionamiento, que cada curso escolar, en distintos plazos, el Ejecutivo transfiere para repercutir en compras menores —material escolar no inventariable—, mantenimiento de edificios, adquisición de material de los departamentos y aulas o consumo de electricidad y agua.

Así lo ha confirmado a Europa Press la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian), Amparo García, después de un reciente encuentro mantenido con la Dirección General de Planificación de Centros en el cual la administración confirmó que, aunque no se recupera la partida de gastos de inversiones, "sí tendremos el mismo presupuesto que el pasado año".

Pese a que, por otro lado, a finales de diciembre han comenzado a entrar partidas para la reposición de los manuales de texto, García ha confirmado que los centros están "muy agobiados por los plazos", habida cuenta de los plazos establecidos por la Junta, "que queremos que adelanten pero sin éxito".

Educación cifraba recientemente en el 20 por ciento, en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, la estimación del recorte acumulado de las partidas de gastos de funcionamiento de los centros educativos desde que en el año 2012 comenzaron las reducciones como consecuencia de las medidas urgentes de racionalización del sector público en este ámbito puestas en marcha por el Gobierno central.

El conflicto afecta periódicamente a los centros de Educación Secundaria, que apuntan a los retrasos en los pagos. Cuando la administración autonómica no contaba con problemas de liquidez derivados de los recortes, el abono establecido para el pago del primer plazo era en torno al mes de noviembre.

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