El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado este lunes que el Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Generalitat correspondiente a 2014 revela el "grave desequilibrio" en la situación patrimonial de la Generalitat y ha agregado que "es la herencia tras 20 años de gestión descontrolada por parte de los anteriores responsables del Consell".

En un comunicado, ha asegurado que el Consell va a acabar con una "etapa negra" de "prácticas contables dudosas, privatización del presupuesto público en beneficio de bolsillos privados y descontrol en el gasto", dando "carpetazo a las facturas en los cajones, poniendo en orden las cuentas y apostando por la transparencia".

Tras conocer su contenido, Soler ha incidido en que el informe elaborado por la Sindicatura "describe un panorama desolador, plagado de irregularidades en la contratación, donde prácticas que rozan la legalidad como el fraccionamiento de contratos se habían convertido en habituales".

A su juicio, el anterior Consell del PP "trasladó a la Generalitat el modelo de gestión que llevó a Bankia a la ruina: Sobresueldos a los cargos del PP en las Corts y descontrol en la Administración, hasta el punto de llevarla a una situación límite, en la que la Generalitat depende de los préstamos del Estado".

No obstante, el titular de Hacienda ha incidido en que el actual Gobierno está volcado en la "reconstrucción" y el "renacimiento" de la Generalitat "sobre nuevas bases y nuevas prioridades de tipo social", algo para lo que es clave un nuevo Gobierno de España "sensible con las necesidades de los cinco millones de valencianos".

"A partir de ahora empieza una nueva etapa en la que vamos a poner fin a las trampas económicas y a los artificios contables que ha venido practicando el PP estos últimos años, imponiendo una nueva forma de trabajar y de gestionar el patrimonio caracterizada por el realismo, la eficacia, la transparencia y la legalidad, porque esa es nuestra forma de trabajar y porque entendemos que los valencianos y valencianas es lo que merecen y es lo que están demandando ", ha señalado el conseller.

Entre las anomalías señaladas por el Informe de Fiscalización, figuran "la existencia de 2.590 millones en obligaciones no reconocidas en el presupuesto autonómico, los 157 millones que cuestan en intereses de demora los retrasos del anterior Ejecutivo en pagar a los proveedores, el agujero de 118 millones de la Sociedad de Garantía Recríproca (SGR) por la política de otorgar préstamos a los amigos o la política-ficción con las previsiones de ingresos que practicó el anterior Consell, de los que destacan los 132 millones por la tasa a los bancos que el Síndic asevera que no debían haberse incluido".