Las empresas estaban supuestamente dedicadas a la construcción y la limpieza de inmuebles y las regentaba un ciudadano marroquí, que usaba testaferros como administradores o apoderados para evitar ser identificado en algunas de ellas, ha informado el Instituto Armado este miércoles en un comunicado.
Algunas empresas fueron identificadas como ficticias y no tenían sede social ni actividad comercial real, y solo servían para dar de alta a ciudadanos marroquíes para que pudieran acceder a ayudas del Estado o renovar sus permisos de residencia y trabajo.
El responsable de la trama ha sido detenido por delitos contra el derecho de los trabajadores, la Hacienda pública y falsedad documental, y se ha imputado a 33 personas.
La investigación ha determinado que entre 2009 y 2014 defraudó casi tres millones de euros: 1,5 millones en ayudas cobradas fraudulentamente, un millón en facturas falsas, 500.000 euros en impago de cuotas a la Seguridad Social y 1.000 euros por personas que han cobrado ayudas fraudulentas.
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