El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado que ya se ha adjudicado la práctica totalidad de viviendas de la empresa municipal Emvisesa, alrededor del 95 por ciento, mientras que siguen existiendo 389 familias baremadas con necesidad urgente de un piso, por lo que ya está abordando con entidades financieras la posibilidad de cesión de la gestión para alquiler con criterios públicos de su stock de viviendas, a la par que define el nuevo plan de la vivienda de la ciudad, que apuesta por que esté en marcha en 2016.

"Me preocupa no tener disponibilidad de vivienda para casos urgentes y necesitamos viviendas ya", recalca en rueda de prensa, junto al gerente de Emvisesa, Felipe Castro, tras avanzar las medidas urgentes para acceder a una vivienda digna que serán analizadas este martes por consejo de administración de Emvisesa, respondiendo a las propuestas aprobadas en el Pleno de noviembre, jornada en la que también se han entregado 47 viviendas en alquiler en distintas promociones, culminando la primera fase del sorteo de octubre.

Recuerda que existen 11.800 inscritos en el registro de demandantes, la mitad de ellos jóvenes y el 60 por ciento con ingresos por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), con 389 familias demandantes de viviendas sociales, mientras que hay 2.440 pisos de Emvisesa y otros 1.250 de Urbanismo, ante lo que el alcalde apuesta por unificar su gestión bajo el paraguas de Emvisesa.

Así, para cubrir esas necesidades más urgentes, deja claro que se mantendrán en cualquier caso una reducida bolsa de viviendas para hacer frente a la emergencia social, mientras que ha criticado la tardanza del gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) en adjudicar las viviendas municipales vacías y la falta de previsión al no elaborar un nuevo plan. El alcalde incide en que ya está trabajando en este nuevo plan de vivienda y rehabilitación para que pueda estar en marcha en 2016, teniendo en cuenta que el proceso de participación que requiere para su aprobación puede tardar entre seis meses y un año.

Ese plan tendría especial atención al alquiler y para colectivos de hasta 1,5 veces el Iprem, "menos atractivo para el sector privado", y recuperaría suelos, manzanas y previsiones de planes anteriores, apuntando a espacios de Torreblanca, Palmete o Padre Pío, que ya tenían previsión de VPO.

Además, recuerda que estos planes son sufragados principalmente con aportaciones del Estado y de la Junta de Andalucía y prevé que en el primer trimestre del año esté ya el decreto autonómico que permita saber el marco presupuestario para el desarrollo del plan local. "Hemos estado atendiendo la excepcionalidad durante los primeros seis meses de mandato y ahora toca administrar los recursos que hay", agrega, incidiendo en que se ha cumplido con los compromisos urgentes adquiridos en la materia para que "deje de haber vivienda vacía y gente sin vivienda".

En este marco, Espadas ha detallado las medidas urgentes que se prevén poner en marcha, cumpliendo los plazos marcados por el Pleno, y que suponen la "primera pieza de emergencia" del citado plan, mencionando la creación de una Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna, cuya sede estará en el antiguo registro de demandantes de San Jerónimo y donde trabajarán 20 personas. Esta oficina tendrá un presupuesto de cuatro millones, de los que unos 2,8 millones irán para ayudas y 1,2 millones para personal, e incorporará como eje central el protocolo de actuación ante los desahucios.

Entre estas ayudas se cuentan los 1,1 millones que se presupuestarán en su primer año para el plan de adecuación de las rentas de Emvisesa de modo que nadie abone más del 30 por ciento de sus ingresos, además de los 1,5 millones del programa de rentas sociales para las familias que se encuentren en situación de emergencia social y accedan a una vivienda municipal para que no tengan que abonar más del cinco por ciento de sus ingresos.

También, se destinarán 450.000 euros en 2016 al plan de adecuación de las deudas con las comunidades de propietarios, ya que son muchas las familias que no pueden afrontar los pagos de esas cuotas, "lo que deriva en problemas de convivencia y de la situación de los edificios".

Igualmente, se pondrá en marcha un plan de regularización de inquilinos deudores, mediante el que se enviará un escrito a las familias que se encuentren en esta situación para que acudan a Emvisesa a analizar su situación para intentar alcanzar un acuerdo en el marco de una nueva renta social si no pudiera afrontar los pagos y ofreciéndoles un acuerdo de pago en condiciones personalizadas si no acreditan que requiere de un apoyo social para que regularicen su situación.

Espadas ha anunciado que en los próximos días se cerrará un acuerdo con los juzgados para definir un protocolo contra los desahucios que permita al Ayuntamiento tener información previa a los lanzamientos que le permita actuar ante una emergencia habitacional.

Por otra parte, se mantendrán paralizados todos los desahucios de familias debido a su situación económica de su vivienda habitual pública, recuperación de la comisión municipal de vivienda, incorporación de la rehabilitación en el nuevo plan, además de un plan de apoyo a la convivencia con el objetivo de mejorar las relaciones y garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los inquilinos.