Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, quien ha presidido la constitución de dicha comisión, que también tiene entre sus fines "fijar un procedimiento de actuación ante los casos de acoso que pudieran presentarse".

El comité, según ha detallado Crespín, está formado por dos representantes de la Administración autonómica, especializados en la materia, y por dos representantes sindicales, en su condición de delegados de prevención.

Crespín ha señalado que el comité ya ha iniciado su actividad, de modo que, "a partir de ahora, cuando se reciba una denuncia por alguna de estas causas discriminatorias será trasladada al comité, que será el encargado de realizar su tramitación, desarrollar una investigación, designar a la persona mediadora, cuando se considere oportuna su intervención, elaborar un informe concluyente y, por último, proponer las medidas que se deben adoptar".

Con la creación de este comité, según ha indicado Crespín, "se da cumplimiento a lo establecido en el protocolo de intervención de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación". Esta guía de actuación fue aprobada por la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

La delegada del Gobierno andaluz ha señalado que, "por medio de este acuerdo se pretende garantizar el trato en igualdad y respeto de todo el personal, mejorar las condiciones laborales del personal, elevar el nivel de protección de la seguridad en el trabajo y favorecer la detección precoz de estos comportamientos". Se trata de establecer mecanismos que permitan, además, diferenciar los diferentes tipos de acoso y garanticen la correcta aplicación de este protocolo.

Crespín ha subrayado que "es fundamental velar por los intereses de los trabajadores públicos" y, además, "es básico conseguir y mantener un clima de trabajo idóneo en la Administración, por el bienestar de los empleados públicos y para garantizar la calidad de los servicios que se prestan" a los ciudadanos.

Procedimiento establecido

El nuevo marco regulador establece que tras la presentación de la denuncia se realizará una valoración inicial de la solicitud, pudiendo, previo acuerdo de las partes, acudirse a la mediación. Posteriormente, se inicia una investigación que debe desarrollarse con la mayor rapidez y confidencialidad de las personas implicadas y, transcurrido como máximo un mes, el comité emitirá un informe de conclusiones que trasladará a la Jefatura de Personal.

En el plazo máximo de cinco días, la Jefatura de Personal dictará resolución acorde con las medidas planteadas por el comité de investigación, que será notificada a las personas implicadas, así como a las distintas unidades de prevención.