El candidato por IU-UP en La Rioja, Diego Mendiola, aboga por una serie de propuestas en materia de vivienda "partiendo de la idea que la vivienda es un derecho y no debe estar sujeto al arbitrio de un mercado especulativo". Bajo esta premisa, "proponemos una intervención directa del Estado frente a la emergencia habitacional".

Desde IU-UP "planteamos una Ley Orgánica que desarrolle el derecho constitucional a la vivienda proponiendo sancionar las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras, sociedades de gestión de activos y personas jurídicas, así como regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las entidades financieras que desahucien a familias en riesgo de exclusión social".

"Abogamos también por prohibir que las viviendas públicas puedan ser vendidas a 'fondos buitre' y queremos regular la dación en pago retroactiva, lo que implicaría la condonación de la deuda hipotecaria". Además, "las entidades financieras deberán garantizar un alquiler social para los deudores de buena fe y sus unidades familiares que se hayan acogido a la dación en pago y no dispongan de una alternativa habitacional".

Dicho alquiler "no debería superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar incluidos los suministros".

Desde IU-UP Rioja "impediremos la ejecución de la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores y vetaremos los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario sin que una administración garantice un realojo adecuado". En el caso de las viviendas públicas, "la prohibición es total: Ninguna familia que no pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento podrá ser expulsada de las viviendas públicas".

"Proponemos, asimismo, crear oficinas en defensa de la vivienda desde la administración para prevenir, intermediar y proteger a las familias ante un riesgo de desahucio. En caso de realojo, proponemos que se produzca en la zona donde las personas tengan sus redes vitales y sociales".

Por última, "planteamos la creación de un parque público de viviendas que debe tener la misma consideración que la Sanidad o la Educación, y que por tanto no podrán venderse ni privatizarse". Dicho parque "se nutriría de los grandes tenedores de viviendas por dos vías". Las distintas administraciones "adquirirán anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas a precio de coste, así como que se movilizarían pisos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos en aras del derecho a la vivienda".

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