La Junta de Castilla y León pondrá en marcha en seis meses una historia social única que se acompañará de un registro en el que se incluyan los datos 300.000 usuarios de los servicios sociales con el fin de dotar de más "agilidad" a la atención, ya que posibilitará a los profesionales acceder a toda la información a través de la integración de datos en una única plataforma informática.

Así lo ha detallado la consejera de Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Alicia García, quien ha comparecido junto a la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el Decreto por el que se crea y regula esta herramienta.

Con la puesta en marcha de la historia social única Castilla y León se convierte en la primera autonomía que unifica estos datos, con lo que, como ha destacado García, la Comunidad se dota de un instrumento documental elaborado como consecuencia de la intervención social en la que se registrarán "exhaustivamente" los datos más significativos de la situación personal, social y familiar de una persona usuaria, las demandas, el diagnóstico, las siguientes intervenciones y la evolución de tal situación.

"Esto facilitará una mejor orientación y coordinación en los procesos de intervención profesional y una atención más rápida, integral y eficaz para los usuarios del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública", ha destacado García.

La historia social

La historia social será un instrumento documental "dinámico" que comprenderá el conjunto de datos relativos a una persona, recogidos con ocasión del proceso de atención social, con el objetivo de orientar todo el sistema de intervención profesional. Reflejará actualizada toda la información relevante en el proceso de intervención social e incluirá datos identificativos así como las valoraciones, intervenciones, seguimiento y evaluación realizados por los profesionales del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública.

Las historias sociales aportarán al profesional datos básicos para fijar objetivos, un plan de trabajo con calendarios, periodos y procedimientos de intervención. Además, el análisis de las historias sociales por equipos profesionales de la misma o distintas administraciones públicas ayudará a homogeneizar actuaciones y a compartir conocimientos por todos los miembros del equipo.

Las funciones de la historia social única serán las de orientar los procesos de intervención profesional, aportando datos necesarios para prestar una asistencia social adecuada a las personas usuaria de los servicios sociales; dar continuidad a la atención social derivada de las necesidades surgidas a lo largo del ciclo vital de la persona; facilitar el derecho de acceso de las personas usuarias a los datos que integran su historia social; auxiliar en la fijación de objetivos, planes de acción y procedimientos de intervención en cada caso, optimizando la atención social integral y los recursos existentes; mejorar la coordinación de las entidades y los profesionales implicados en la intervención social; servir de apoyo a los profesionales de los servicios sociales para desarrollar su actividad con calidad, eficacia y eficiencia, y facilitar la investigación e innovación en el funcionamiento de los servicios sociales.

El contenido de la historia social única se configurará de acuerdo a una ficha de identidad personal del usuario, las valoraciones técnicas y dictámenes de los profesionales de los servicios sociales, las intervenciones sociales y el conjunto de prestaciones recibidas por el usuario y el seguimiento y evaluación de todo ello.

A partir de la entrada en vigor del Decreto aprobado este jueves se producirán cambios importantes que redundarán en beneficio de los usuarios de los servicios sociales. En primer lugar, se regula el contenido de la historia social, principalmente las valoraciones de necesidades y las prestaciones a proporcionar, su creación y actualización, los requisitos y controles de los accesos a los datos, y las formas de colaboración con otras entidades como sanidad, educación o empleo.

Todos los profesionales que atiendan a una persona tendrán acceso a la información necesaria. Actualmente más de 3.000 profesionales colaboran ya en el sistema informático que regulará el decreto de historia social, a través de la aplicación informática SAUSS.

Por último, como ha destacado García, el Decreto garantizará los derechos de protección de los datos del ciudadano, que autorizará expresamente la creación de la historia social y su uso por los profesionales. Además, el sistema informático que dará soporte a la historia social tendrá garantías para la confidencialidad y para el uso adecuado de la información, con lo que se refuerza también la confianza de la persona en los profesionales que le atienden. Al mismo tiempo, se regula la participación de las entidades del tercer sector en la actualización de la historia social, con la autorización de la persona interesada.

Refuerzo de coordinación también en violencia de género

Por otra parte, la consejera ha destacado también que la puesta en marcha de la historia social única supondrá un paso más en la atención a las víctimas de violencia de género, ya que mejorará la coordinación entre los distintos agentes que apoyan a las mujeres víctimas.

En el caso de víctimas de violencia de género, la historia social única incorporará, además, los datos que existan en el registro unificado de víctimas de violencia de género, contenido en el registro único de personas usuarias.

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