El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se ha personado como acusación particular en el procedimiento que sigue el Juzgado Mixto número 1 de dicha localidad contra la edil socialista Inmaculada Muñoz —actualmente responsable de Economía, Hacienda y Urbanismo—, la edil de Ciudadanos (C's) Elena Sumariva —que era concejal de Educación durante el anterior mandato, en que PSOE y C's gobernaron en coalición en el Consistorio Sanlúqueño—, y contra el exasesor económico de Víctor Mora (PSOE), alcalde de la localidad

Así consta en el escrito registrado este miércoles en el Juzgado por el Grupo Municipal de IU, al que ha tenido acceso Europa Press, solicitando su personación como acusación particular en el denominado 'caso Escuelas de Verano'.

Fuentes del Grupo Municipal de IU han asegurado a Europa Press que "el Ayuntamiento sanluqueño ha recibido un escrito en el que se informa de la imputación de las dos concejalas", destacando además que Sumariva va como número siete en la candidatura de Ciudadanos al Congreso de los Diputados.

Sobre el tercer "imputado", han señalado que "fue cesado como asesor económico del alcalde después de que IU diese a conocer las posibles irregularidades", si bien "ahora es asesor de la socialista Irene García en la Diputación gaditana".

Las mismas fuentes han recordado que el procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Municipal de IU en el año 2014 ante los tribunales por la contratación por parte del Ayuntamiento de las llamadas 'Escuelas Municipales de Verano y Otras Vacaciones' "a una empresa propiedad del que era asesor del alcalde".

Según han señalado, desde IU se decidió denunciar el caso al entender que "se incurrió en una incompatibilidad al contratar con la empresa del asesor". Previamente, solicitaron explicaciones al gobierno municipal, lo que "provocó la anulación del contrato con la empresa el 14 de agosto de 2014" por una "incompatibilidad sobrevenida no conocida por las partes", tal y como indican que argumentó el equipo de gobierno.

Asimismo, en septiembre de ese año, IU presentó una moción a Pleno con el objeto de abrir una comisión de investigación que dilucidara responsabilidades políticas, la cual han recordado que fue rechazada por los partidos que en aquel entonces gobernaban en coalición. Sin embargo, poco después el propietario de la empresa fue "cesado del puesto de asesor por decreto".

Por todo ello, IU llevó el asunto a los tribunales, al entender que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de "malversación, tráfico de influencias y prevaricación".