La Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza del sindicato CGT ha elevado a las Delegaciones Territoriales de Educación de la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz una petición para paralizar la solicitud del certificado de penales al profesorado que cubre sustituciones y al que está en prácticas, acción contra la que, de no prosperar la reclamación, plantea un posible recurso de inconstitucionalidad.

El secretario general de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT, Joaquín Martínez, ha expuesto en este sentido a Europa Press que dicha actuación, que la administración está acometiendo desde mediados del pasado mes de noviembre, afecta a derechos fundamentales como la protección a la privacidad y la intimidad.

"Entendiendo la importancia de la protección de los menores, ante la inexistencia aún de un registro de delincuentes sexuales esta petición, que se realiza no solo al profesorado sino a cualquier trabajador en contacto diario con menores, afecta a la intimidad del mismo, y parece extremadamente peligroso lo que ello puede implicar para el personal que trabaja en centros concertados y privados con respecto a la posible rescisión de contratos relacionados con determinados aspectos morales propios del ideario de los mismos", ha dicho.

Se podría generar un daño "irreparable", según Martínez, cuyo sindicato no cuestiona la conveniencia de un control para que personas con antecedentes de esta índole no trabajen con menores, si bien ello debería llevarse a cabo sin agredir a otros derechos protegidos por la Constitución.

Según la modificación del articulado impulsada, quien pretenda el acceso a estas profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Dicho registro aún no ha sido creado, ya que la propia ley daba un plazo de seis meses desde la publicación de la misma, por lo que hasta finales de enero no estará disponible. La norma, no obstante, mediante disposición transitoria, prevé que hasta que no entre en funcionamiento dicho registro sea emitida la certificación por el Registro Central de Antecedentes Penales.

Por todo ello, CGT ha hecho llegar una petición al Defensor del Pueblo Andaluz para que, tras la aclaración de los hechos expuestos, se tomen en consideración aportaciones tales como que se dejen de solicitar dichos certificados hasta que no se haga efectivo el registro central de delincuentes sexuales; que esta medida se haga extensiva a todos los centros educativos andaluces, independientemente de su titularidad; que se estipule un procedimiento similar al previsto para la documentación médica, en sobre anexo cerrado; y que se valore la petición de consentimiento expreso para contrastar y evitar así colapsos.