La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha desestimado "íntegramente" los tres recursos de apelación interpuestos contra el auto que denegó la suspensión del proceso de adjudicación de las 317 viviendas de protección oficial ubicadas en las inmediaciones de la frontera de la ciudad autónoma, con lo que el Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) ya tiene vía libre para proceder a su sorteo.

En la resolución judicial, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia rechaza el argumentario de los recurrentes, personas incluidas en una 'lista fantasma' de supuestos adjudicatarios de esa promoción publicada en un medio de comunicación local en verano y por cuya elaboración y posterior filtración está imputado el ex viceconsejero de Vivienda del Ejecutivo local, Antonio López.

La Audiencia considera "correcta" la calificación jurídica de un posible delito de prevaricación administrativa por parte del exviceconsejero: "Como exige el artículo 404 del Código Penal, la infracción de las normas reguladoras de la materia habría sido tan grosera que se pondría de manifiesto la intención de las autoridades o funcionarios públicos que hubieran tomado parte en ello de una u otra forma de hacer prevalecer, por los motivos que sean, su propia voluntad sobre los designios del ordenamiento jurídico, como exige dicha infracción", advierte.

"Tomando lo que en el plano puramente indiciario ha entendido la instructora que ha ocurrido y sin perjuicio de lo que resulte de indagaciones posteriores", razona a renglón seguido, "la apariencia de buen derecho de los recurrentes se diluye por completo".

Para la Audiencia "no serían perjudicados por la comisión del delito que podría haberse cometido, sino, en principio, beneficiados por el mismo", por lo que "el derecho o, al menos, la expectativa legítima del mismo que se tratan de arrogar sería su consecuencia directa, de ahí que no quepa su tutela cautelar".

El auto asume que en paralelo a la investigación penal "podría adoptarse un amplio abanico de medidas", entre ellas la suspensión del proceso de adjudicación de las viviendas de protección oficial, pero rechaza que se pueda reconocer tanto "la validez del procedimiento de creación de la lista publicada" como "el derecho" de los recurrentes "a ser reconocidos como adjudicatarios".

"No nos encontramos en realidad ante una cautela encaminada a asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias, caso en el que cabría entender que ordenarla exigiría como presupuesto que se hubieran interesado por alguna de las partes", dictamina.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) prevé sortear 124 casas entre 1.713 personas. Otras 125 se adjudicarán, por el mismo procedimiento, entre 490 familias beneficiarias del programa de Alojamiento Alternativo municipal. Finalmente, se entregarán 68 de forma directa: 48 para realojos de operaciones urbanísticas; diez para discapacitados; dos para el Cermi; seis para víctimas de violencia de género y otras dos para víctimas del terrorismo.