El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar este martes su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética presentada por el grupo parlamentario Podemos Andalucía y ha defendido que las medidas adoptadas por la Junta en este sentido son "pioneras" en el país para combatir esas realidades.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado que la lucha contra los desahucios es una de las prioridades de la Junta y, en coherencia, "ya está desarrollando diferentes iniciativas en esta materia".

Así las cosas, ha asegurado que la proposición de Podemos "no aporta absolutamente nada" frente a las medidas que ya ha adoptado la Junta en este sentido, así como ha advertido de que "no contiene una valoración económica razonada, ni cuantifica los ingresos con los que poner en marcha esas medidas".

De la misma manera, Vázquez ha explicado que Podemos plantea tomar unas medidas que no son competencia de la Comunidad cuando trata de "imponer" la mediación obligatoria a las entidades financieras ya que "la regulación de las entidades financieras es competencia del Gobierno de la Nación y no de las comunidades autónomas". "La Comunidad no puede exigir por ley que la mediación de las entidades financiera sea obligatoria porque esa es una competencia estatal", ha explicado para asegurar que nunca irán "contra un principio constitucional".

El portavoz ha señalado que esta proposición de ley es "innecesaria" dada las medidas adoptadas por la Junta que "se hacen bien y con resultados". "Pueden que sean mejorables las medidas del Gobierno, pero que el Gobierno andaluz es líder en la lucha contra los desahucios y para paliar la pobreza energética es una evidencia", ha señalado frente a medidas, como la de Podemos, que "parecen más efectistas que efectiva". Además, ha apuntado que, aunque manifiestan su criterio contrario a esta propuesta de ley, no rechazan el debate parlamentario porque "enriquece".

Medidas adoptadas por la junta

En defensa de las propuestas que la Junta ha aplicado en esta materia, ha mencionado alguna de estas iniciativas como el proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, que "impulsará la resolución extrajudicial de conflictos con las entidades financieras, bien a través de la mediación previa o en una segunda instancia con un arbitraje de consumo". "Se ofrecen así distintas posibilidades, en contraste con la propuesta de Podemos de imponer la mediación obligatoria a las entidades financieras, que resulta contraria a la naturaleza de esta fórmula y excede las competencias autonómicas", ha agregado.

Igualmente, ha explicado que continúa la tramitación del anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, que introducirá la novedad de facilitar a la Administración el derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria. Según Vázquez, "esta medida comenzará a aplicarse en 2016 y contará con una primera partida de cuatro millones de euros".

El portavoz ha aseverado que ambas normas completarán el marco normativo "más avanzado" sobre esta materia en el conjunto de las comunidades autónomas, que se inició en 2013 con la Ley de la Función Social de la Vivienda, "ahora parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso del Gobierno de España".

En la misma línea, ha recordado que la Consejería de Fomento y Vivienda estableció a finales de 2014 una línea de ayudas al alquiler para personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, con una dotación total de 3,77 millones de euros; así como que este departamento también ha atendido durante los últimos cuatro años a 10.372 ciudadanos a través de su red de oficinas de prevención, intermediación y protección en materia de vivienda.

Al margen de las medidas específicas contra los desahucios, Vázquez ha señalado que actualmente se elabora el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación, que centrará sus prioridades en evitar la exclusión social y facilitar condiciones asequibles de acceso para las familias; y que su aprobación está prevista para el primer trimestre de 2016 y contará con una dotación presupuestaria de unos 750 millones de euros.

Garantía de suministros

En cuanto a la pobreza energética, el Gobierno andaluz ha recordado que ya desarrolla un programa de garantía de suministros mínimos con ayudas orientadas a "prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social, entre las que se incluyen las destinadas a cubrir contingencias en las necesidades de subsistencia de aquellas personas o familias que, por razones sobrevenidas o falta continuada de recursos, no pueden hacer frente a gastos específicos de energía eléctrica, suministro de agua, reparaciones básicas urgentes en las viviendas y alquiler cuando hay riesgo de desalojo. Desde su puesta en marcha en 2013, la Junta ha invertido casi 13 millones de euros en esta iniciativa.

Asimismo, Vázquez ha señalado que la Junta ha adoptado durante los últimos dos años otras medidas urgentes destinadas a los sectores más desfavorecidos de la población. Entre ellas ha destacado el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación que, con un presupuesto anual de 40 millones y gestionado por los ayuntamientos, ha permitido la formalización de 26.000 contratos por ejercicio.

Por otro lado, también se ha referido al Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, "que ha puesto al alcance de las familias más vulnerables diferentes mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación" y ha supuesto el beneficio directo a unos 51.600 menores en situación de riesgo (27.600 este año), gracias al programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano.

Por último, se ha referido el portavoz al impulso a las Ayudas Económicas Familiares, a través de convenios con entidades locales, que permitió el pasado año la atención de las necesidades básicas de 14.898 familias y 27.526 menores, con un presupuesto de seis millones de euros.