El Consell ha aprobado un acuerdo por el que se reconoce "formalmente" a Caixa Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular la "sensibilidad" demostrada ante su petición de declarar una moratoria general de desahucios tanto en el inicio como en la tramitación y ejecución de los procedimientos judiciales que afectan a todas las familias en riesgo de exclusión social y que se encuentran en situación de perder su primera vivienda. Esto supone dar una "respuesta urgente" mientras se produce la definitiva aprobación de la ley de la Función Social de la Vivienda.

Asimismo, el Gobierno valenciano ha manifestado su agradecimiento público a la tarea desarrollada por colectivos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) "que han convertido el derecho subjetivo de la vivienda en su lucha y han abierto la vía para dar solución a la demanda social de las personas que han perdido o tienen grave riesgo de perder su vivienda", según ha informado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mònica Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo autonómico.

Según el Consell, las consecuencias de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria "han tenido como consecuencia un fuerte impacto en la economía de los hogares y un sobreendeudamiento en el acceso a la vivienda que ha desembocado en muchos casos en ejecuciones hipotecarias". De acuerdo con sus datos, la Comunitat Valenciana es la segunda de las autonomías con mayor número de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos.

Igualmente, considera que la ley de Segunda Oportunidad está resultando de "nula aplicación", ya que, "además de no resolver la dación en pago, no impide proceder a los desahucios ni para los colectivos más vulnerables".

Ante esta situación, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio constituyó la Mesa por la Prevención de los Desahucios, con el objetivo de "establecer un marco de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones efectivas en las situaciones como consecuencia del sobreendeudamiento de personas y familias con dificultades para hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda habitual".

De esta manera, los más de 40 representantes de diferentes entidades trabajan de forma coordinada para evitar los desahucios mediante la búsqueda de fórmulas propuestas por todas las partes implicadas.

Triple finalidad

En este marco, la Conselleria solicitó a todas las entidades financieras que operan en la Comunitat Valenciana, que también fueron invitadas a participar en la Mesa, que firmaran una "declaración de intenciones" con la triple finalidad de declarar una moratoria de desahucios de personas en especial situación de vulnerabilidad hasta la entrada en vigor de la Ley de la Función Social de la Vivienda, el nombramiento de un interlocutor con la Mesa para crear canales de mediación y el compromiso de ofrecer viviendas para el Fondo Social.

Aunque una mayoría de entidades financieras han manifestado que no están procediendo a hacer ejecuciones hipotecarias, el número de desahucios es "todavía significativo". Por ello, el Consell ha querido reconocer que Caixa Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular han suscrito la declaración de intenciones propuesta por la Conselleria "para evitar que más familias pierdan sus hogares".

Paralelamente, la Conselleria está trabajando en la Ley de la Función Social de la Vivienda, "que reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda y proporcionará un marco estable y de seguridad jurídica que asegure el derecho público a la vivienda".