La Junta de Andalucía ha expuesto que el recurso que estudia interponer ante el Tribunal Supremo contra el decreto que regula la reválida de 6º de Educación Primaria se basaría en "graves defectos" en su proceso de tramitación y consulta con las comunidades autónomas.

En este sentido, según ha explicado en una nota la Consejería de Educación, el Ministerio ha aprobado una normativa básica sin el debido informe de la Conferencia Sectorial y sin contar con el consenso "imprescindible" que debe tener cualquier tema relacionado con la educación.

Este modelo de reválida, ha destacado la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, va a provocar "incertidumbre, inquietud y tensión externa" al alumnado, a sus familias y al profesorado. Además, afectará negativamente al normal desarrollo del calendario escolar y conllevará una "enorme" complejidad técnica, organizativa y un coste económico "importante" que no cuenta con financiación estatal.

Asimismo, la titular de Educación duda de que con estas pruebas "impuestas" por el Ministerio se pueda valorar adecuadamente si el alumnado ha alcanzado los objetivos generales de la etapa, ya que los exámenes se realizan sobre dos de las siete competencias básicas establecidas para la Educación Primaria.

En este sentido, De la Calle ha asegurado en una carta enviada al ministro, Íñigo Méndez de Vigo, que una única prueba de estas características "tampoco parece ser el instrumento adecuado para proporcionar información válida y fiable", distinta a la que el profesorado que ha estado en contacto con el alumnado a lo largo de toda la etapa proporciona en su informe final individualizado para cada alumno.

En definitiva, las pruebas que se establecen en el Real Decreto no constituyen, según la responsable autonómica, ningún tipo de evaluación: en primer lugar, porque la evaluación en Educación Primaria debe ser "continua, global, formativa y orientadora", como así se establece en la normativa vigente con rango de ley, y en segundo lugar, porque la forma de plantear estas pruebas finales "rompe completamente y de forma abrupta con la continuidad del proceso de la evaluación, pretendiendo reducirla a un momento puntual y descontextualizado del progreso del alumnado".

Además, ha señalado que con esta reválida el alumnado de Primaria recibirá "una calificación final expresada en términos muy reduccionistas", sin considerar su progreso individual ni su proceso de adquisición de las competencias correspondientes, y que "pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que debe aplicarse en esta etapa educativa".

Por último, la titular de Educación ha instado de nuevo al ministro a derogar o paralizar este decreto que las comunidades autónomas "mayoritariamente han rechazado". La Consejería considera que la evaluación del sistema educativo es "imprescindible para conocer y mejorar su funcionamiento y sus resultados, así como para poner en valor los conocimientos adquiridos, pero nunca para establecer ránkings competitivos entre el alumnado o territorios, tal y como persigue la reforma".