La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación —CCOO, CSIF, Ustea, ANPE y FETE-UGT— han mantenido recientemente una reunión como consecuencia del conflicto de la aplicación del número de horas docentes en Secundaria.

En este sentido, fuentes sindicales han confirmado a Europa Press que la administración autonómica y las centrales han acordado negociar tras las elecciones generales del próximo 20 de diciembre la restitución progresiva de las 18 horas lectivas en esta etapa educativa, así como el cambio en el modelo de sustituciones.

Los sindicatos establecen que el aumento a 20 horas lectivas definido en el Real Decreto 14/2012 ha provocado "una enorme saturación y exceso" en las tareas del profesorado "que, inevitablemente, afectan a la calidad de su labor educativa". Asimismo, ponen el foco en la incidencia negativa de esta medida sobre la contratación de profesorado interino y el propio equilibrio de las plantillas docentes.

En cuanto a las sustituciones, más allá de las restricciones temporales legales de no poder cubrir las bajas antes de diez días, "no sólo hay que hacer un esfuerzo para que esos diez días no se conviertan en veinte o más, sino que es imprescindible modificar un modelo basado en cupos que, al final, provoca que las bajas se cubran por el profesorado del centro que tiene que dejar de realizar sus funciones, en detrimento de la calidad de la enseñanza".

También aluden los sindicatos a la necesidad de abordar una ampliación de las plantillas docentes para atender adecuadamente las necesidades educativas del alumnado andaluz, mejorar la calidad del sistema educativo y generar empleo.

Frente a todas estas peticiones, De la Calle ha mostrado su buena disposición a iniciar estas negociaciones con las organizaciones sindicales, si bien remite a después del 20-D para "saber en qué marco normativo nos podemos mover".

Aunque los sindicatos trasladan su disposición a este extremo, consideran a la vez que la Consejería de Educación "tiene la autonomía suficiente para establecer una hoja de ruta y negociar ya medidas que no estén en contra de la actual normativa y permita solucionar problemas independientemente de los vaivenes políticos que se puedan producir".

El conflicto horario ha cristalizado en acciones como una denuncia ante Fiscalía de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) por el "caos normativo" en el que incurriría la Junta, o una demanda presentada contra la Consejería por el sindicato Ustea por obstrucción de los derechos fundamentales, debido a que la administración autonómica no ha ofrecido contestación al requerimiento presentado para reclamar en el plano administrativo una certificación de horarios como paso previo a judicializar el asunto.