La Junta de Andalucía ha impartido formación especializada a cerca de 4.000 profesionales de la Administración de Justicia durante 2015, según el informe presentado este miércoles al Consejo de Gobierno por el titular de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

El plan formativo ha beneficiado a un total de 100 jueces y magistrados; 3.610 funcionarios de órganos judiciales y de los Institutos de Medicina Legal (IML), y más de 250 alumnos de distintas facultades de Derecho, que realizan sus prácticas en juzgados y tribunales de la comunidad autónoma.

En el caso de los jueces, magistrados y fiscales, se han celebrado cursos dedicados a la jurisdicción penal y las denominadas macrocausas y a las jurisdicciones civil y mercantil sobre cláusulas abusivas, además de otros vinculados al urbanismo y el medio ambiente.

Estos cursos siguen una metodología participativa, de acuerdo con la cual los expertos exponen y plantean cuestiones abiertas al debate, de cuyas conclusiones se realiza una posterior difusión. Durante la última década, han contado con la participación de casi 5.000 profesionales de estos colectivos judiciales.

Los funcionarios de los órganos judiciales y de los IML ha asistido a 117 cursos de formación convocados por el Instituto Andaluz de la Administración Pública, con 2.420 horas de formación. En el programa de este año han destacado las actividades relacionadas con el conocimiento y manejo práctico de nuevas plataformas y aplicaciones informáticas; el aprendizaje de lenguas extranjeras; la igualdad de género, y la prevención de riesgos laborales.

De las 3.610 plazas, 1.690 han sido para cursos sobre régimen jurídico, 970 para tecnologías, 340 para gestión de la organización, 300 para idiomas, 220 para gestión de personas y 90 para otros ámbitos de la Justicia.

Prácticas en juzgados y tribunales para alumnos de derecho

Finalmente, el programa de prácticas en juzgados y tribunales para alumnos de Derecho, Criminología y otras titulaciones relacionadas con la Administración de Justicia se desarrolla a través de los convenios vigentes entre la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las universidades públicas andaluzas.

El acceso de los participantes a las actuaciones judiciales se produce en la medida que lo permita la situación del procedimiento judicial, en función de si está o no bajo la declaración de secreto de sumario y salvaguardando en todo momento el deber de reserva y la identidad de las partes implicadas. Las tareas se ajustan a las necesidades organizativas establecidas por los tutores.