El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha respaldado la decisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de obligar a la central nuclear de Garoña (Burgos) a instalar una torre de refrigeración para volver a operar.

El Alto Tribunal avala la decisión tomada por la CHE (CHE) en 2013, que supondría la construcción de una torre de refrigeración, exigencia que se uniría a las que ya puso en 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las derivadas del accidente nuclear de Fukushima, según la información publicada por elconfidencial.com recogida por Europa Press.

La central, conectada a la red en 1971 y parada desde diciembre de 2012 por decisión de las eléctricas propietarias (Endesa e Iberdrola), afronta costosas obras si quiere seguir operando, ya que el CSN estableció en 2009 la renovación total de kilómetros de cable y la construcción de un nuevo edificio y, posteriormente, y tras el accidente de Fukushima, obligó a implantar mejoras en el venteo de gases en caso de accidente y nuevos sistemas de seguridad, además de revisiones en la vasija. Esto suponía unos 120 millones de euros, según anunció la compañía.

A esto se suma que el 29 de julio de 2013 la Confederación del Ebro endureciera las condiciones de vertido de la central sobre lo que había autorizado en 2007.

Las nucleares utilizan agua para refrigerar el reactor, razón por la que se sitúan junto al mar o un río caudaloso —toman caudal y lo devuelven más caliente—, pero en el caso de Garoña, al no tener torre de refrigeración, devolvía el agua demasiado caliente.

La CHE, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, estableció condiciones más duras de vertido, de forma que el agua no podía volver al embalse de Sobrón, en el Ebro, a más de 30 grados centígrados y en cualquier caso no podía calentarse más de tres grados. Además, cambió el sistema de medición porque con el anterior la temperatura de entrada aparecía más alta de lo que realmente era, lo que favorecía a Garoña.

Denuncia ecologista

Greenpeace había denunciado que ese embalse alcanzaba temperaturas casi tropicales y que era un nido de especies invasoras, como el mejillón cebra.

La Confederación archivó una denuncia de la ONG ecologista pero posteriormente reformó la concesión. La nueva autorización de vertido implica que Garoña debe construir una nueva torre de refrigeración o reducir la potencia.

Se da la circunstancia de que la central de Almaraz (Cáceres) tuvo que invertir 25 millones en un sistema de refrigeración por una queja similar, mientras que la de Zorita (Guadalajara), junto al Tajo, cerró en 2006 con un sistema de refrigeración que acababa de estrenar. En EEUU, una central gemela a la de Garoña, la de Oyster Creek, pactó con las autoridades cerrar en 2019 porque calentaba demasiado el estuario al que vertía.

Nuclenor, la empresa de Endesa e Iberdrola que gestiona la planta, recurrió la decisión de la Confederación ante el TSJCyL y exigió que la autorización de vertido anterior, de 2007, le fuese "renovada automáticamente con las mismas condiciones existentes".

Sobre todo, reclamaba "anular el límite de vertido de las aguas de refrigeración de 30 grados centígrados de temperatura en el canal de descarga de la central nuclear (...) así como cualquier otra condición relacionada con el cumplimiento y control de dicho límite de 30 grados". Señalaba en su recurso que no "resulta acreditado que esté justificado técnicamente el nuevo límite impuesto para la temperatura en 2013 de 30 grados", ha explicado la publicación digital.

La Administración defendió los nuevos requisitos, según los cuales el embalse "no podría evacuar la cantidad de calor generada ante una operación normal y continuada de la central". En caso de no mejorar la refrigeración, avisaba, conllevaría "ineludiblemente una bajada en la potencia o producción de la central".

En su respuesta al recurso, la CHE señaló que el límite de 30 grados aparece en los documentos de mejoras técnicas disponibles de la Comisión Europea.

Condiciones más duras

La Confederación concluyó que el endurecimiento de las condiciones de vertido "no solo sirve a la mejor calidad del medio sino que también atiende al proceso de evolución de reducciones del caudal medio del río, con las consiguientes afectaciones del vertido en esas condiciones".

Uno de los objetivos de la nueva autorización era fijar "unas nuevas condiciones, más garantistas que las anteriores, para que en el hipotético caso de que esta central se pusiera en funcionamiento, estuvieran garantizados los objetivos de protección del dominio público hidráulico, y en particular de su calidad".

La sección primera de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos, ha dado la razón a la Confederación. En una sentencia dictada el pasado 9 de octubre, considera que la confederación "ha motivado, razonado y explicado los motivos en los que justifica y funda la revisión de la autorización de vertido" y que hay una "necesidad de implantar las mejoras técnicas disponibles".

Además, añade que hay que "hacer frente a la disminución progresiva de los caudales medios mensuales y anuales circulantes por dicha zona" y que es conveniente "introducir nuevas condiciones y requisitos para mejorar el control y seguimiento del vertido térmico" y "subsanar los defectos en la medición actual".

Según elconfidencial.com, la autorización de vertido tiene la particularidad de que en 2007, mientras el PSOE hablaba públicamente contra la prórroga de Garoña, le dio una autorización de vertido "laxa", mientras que en 2013, con el Ejecutivo del PP favorable a la prórroga, la confederación endureció las condiciones de vertido.

El diario digital ha incidido en que aunque las confederaciones dependen del Ministerio, la del Ebro fue durante años un caso particular, dado que el pacto de Gobierno entre PP y el PAR en Aragón proporcionó la presidencia de la Confederación al aragonesista Xavier de Pedro.