El sindicato Manos Limpias se ha personado en la causa donde la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

En una providencia dictada el pasado 24 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acepta la solicitud de personación planteada por Manos Limpias, que en su escrito solicitó copia de todas las actuaciones desarrolladas en la causa.

En estos momentos, todo está pendiente de que la magistrada se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que divida en cinco grandes bloques la causa, en la que se encuentran imputadas varias decenas de personas, entre ellas los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, y en la que también están personadas como acusaciones la Junta de Andalucía y el PP.

La defensa de Ángel Ojeda se ha opuesto a que la juez pueda realizar una división de la causa que implique que se formen "dos o más piezas en las que de manera separada" se investigue su conducta, subrayando que "tendrá que ser necesariamente investigado en una única y exclusiva pieza separada".

Y es que la Fiscalía ha propuesto dividir la causa en cinco grandes bloques, el primero de ellos sobre entramados empresariales; el segundo relativo a los consorcios públicos de formación de la Junta; el tercero vinculado a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe); un cuarto bloque que versaría sobre las ayudas a los trabajadores de Delphi, y un quinto bloque relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

En relación con la operación 'Barrado' en la que fueron detenidos nueve delegados y exdelegados provinciales de Empleo, la juez Alaya acusó a la Junta de Andalucía de crear una "red de clientelismo político", ya que desde la Consejería de Empleo se impartirían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo para que no se controlara el dinero destinado a la formación.

En una providencia, la magistrada dio traslado al Ministerio Público del atestado que ella misma solicitó a la Guardia Civil sobre el estado en el que se encuentran las diferentes líneas de investigación abiertas y le pidió que informara sobre la procedencia de dividir el procedimiento "en base a los diferentes entramados empresariales, consorcios, sindicatos, confederaciones y fundaciones".

En el informe sobre el estado de las investigaciones, la UCO explica que hay cuatro líneas de investigación abiertas, en concreto sobre la existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones; la existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas, y las subvenciones otorgadas a la antigua Faffe.

Así, los agentes se centran en primer lugar en los entramados empresariales y señalan que son cuatro los entramados que "serían objeto de investigación", destacando que uno de ellos es el dirigido por José Sivianes, sobre el cual existe una investigación en curso realizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, por lo que "se estima necesario solicitar un testimonio de dichas actuaciones para ser incorporado a las presentes".

"En sentido similar" se encuentra el entramado dirigido por Ángel Ojeda, "el cual, además de ser investigado en el procedimiento seguido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, es investigado dentro de la línea dedicada a Delphi", dice la UCO.

CONSORCIOS

Sobre los consorcios, los agentes indican que la Junta "creó, con diferentes administraciones locales, un total de 14 consorcios", precisando que, "inicialmente, se están estudiando cuatro de ellos, en virtud de diversas circunstancias, dos de los cuales —CioMijas y Formades— ya han sido objeto de actuaciones policiales con el registro de sus sedes y la detención o imputación de sus responsables".

En relación a Delphi y sus industrias afines, los agentes manifiestan que "se diseñó por la Junta un Plan Especial para la revitalización del empleo en la zona, siendo en ese marco en el que se otorgaron varias subvenciones extraordinarias, unas a la Faffe y otras a varias empresas que colaborarían en la formación de los trabajadores afectados".

Al hilo de ello, añaden que, en la causa de los ERE irregulares, la Intervención General del Estado "está finalizando un informe sobre las subvenciones concedidas por la Junta como consecuencia del ERE de Delphi", y pide incorporar a la causa un testimonio de dicho informe "debido a que la naturaleza de las subvenciones estaría relacionada con la Formación Profesional para el Empleo y no como ayuda sociolaboral".

IRREGULARIDADES

A ello se suma que "se está recibiendo información relativa a las cuentas bancarias de las empresas beneficiarias de las subvenciones que, junto a la información de índole fiscal, será analizada".

Sobre la Faffe, los agentes dicen que un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía realizaba "menciones específicas sobre supuestas irregularidades cometidas durante el proceso de concesión de subvenciones a varias empresas y fundaciones, encontrándose entre estas últimas la Faffe", punto en el que resalta que, "según la propia Administración andaluza, existen varias subvenciones, recibidas por la Faffe, que no han sido justificadas a día de hoy".

La UCO resalta que la Faffe, que se constituyó mediante escritura de fecha 22 de mayo de 2003 y que se integró el 3 de mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), fue "uno de los beneficiarios más destacados de fondos públicos destinados a la ejecución de acciones formativas", motivo por el que "se focaliza una de las líneas de investigación hacia esta fundación".

Por último, y sobre el Servicio Andaluz de Empleo, la UCO asevera que "la gravedad de las conclusiones" indicadas en los informes de control financiero permanente realizados por la Intervención General de la Junta "hizo que se acordase tomar declaración a los interventores provinciales que los habían confeccionado, los cuales se ratificaron en sus conclusiones y aportaron datos que corroboraban los mismos".