La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto en Córdoba en los nueve primeros meses del año un total de 1.436 expedientes sancionadores a vehículos de transporte por carretera, dedicados a la distribución de mercancías y al tránsito de viajeros.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, la apertura de dichos expedientes sancionadores se ha debido al incumplimiento de la correspondiente normativa por parte de los vehículos infractores que, en el conjunto de Andalucía, ha supuesto la apertura de 11.885 expedientes sancionadores.

Entre las infracciones más comunes destacan las relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, los excesos de carga, el incorrecto uso del tacógrafo o la realización de desplazamientos sin la autorización correspondiente o sin visado.

A lo largo de ese periodo, la Junta de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, ha realizado 31.709 inspecciones en el marco de las campañas de control y vigilancia que realiza anualmente la Administración autonómica en colaboración con la Instituto Armado.

El marco normativo que vela por la prestación de este servicio en condiciones de seguridad vial, la Ley de Ordenación del Transporte, recoge multas económicas que oscilan entre los 100 euros, si las infracciones son leves, y los 4.001 euros, si son muy graves.

De acuerdo con esa escala y teniendo en cuenta las 11.885 sanciones tramitadas en Andalucía en los primeros nueve meses, 3.818 procedimientos han concluido con castigos leves, lo que implican multas de entre 100 y 400 euros; 4.469 expedientes han sido calificados como incumplimientos graves, con penas económicas que varían entre 401 y 1.000 euros, y 3.598 sanciones se han tipificado como muy graves, con penalizaciones de entre 1.001 y 4.001 euros.

Estas operaciones de control y vigilancia, además de conllevar multas económicas, también pueden derivar en la inmovilización de vehículos por parte de la Guardia Civil, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves, con el fin de garantizar la seguridad vial en las carreteras, por ejemplo, en el caso de excesos de carga o de tiempos.

También se persigue evitar la competencia desleal o el ejercicio de prácticas fraudulentas en el sector del transporte, cuando en las inspecciones que se realizan se detecta la ausencia de tarjetas y permisos pertinentes.

Esa labor de vigilancia llevada a cabo por el servicio de inspectores de la Junta de Andalucía, en coordinación con los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, se realiza durante todo el año a través de inspecciones en carretera, atendiendo a campañas específicas aprobadas en los Planes Coordinados de Inspección del Transporte de Andalucía que, con carácter cuatrimestral, aprueba la Consejería de Fomento y Vivienda.

En estos puntos de control, fijados simultáneamente para las ocho provincias, se supervisa la documentación que de forma obligatoria deben llevar los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros, y se vela por el cumplimiento de la normativa vigente, prestando especial atención al ámbito de las mercancías peligrosas y perecederas o al transporte escolar y de menores.

Igualmente, se vigila el cumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones en los servicios de transporte público regular permanente de viajeros y se ejerce un exhaustivo control sobre el transporte ilegal de viajeros en vehículos turismo.

Paralelamente a estas inspecciones en carretera, la Junta de Andalucía realiza cada año labores de supervisión en empresas de transporte de mercancías y de viajeros, para garantizar el cumplimiento de la normativa.