La Junta de Andalucía ha expresado "discrepancias" sobre una modificación de la Ley de Montes aprobada por el Ejecutivo central el pasado mes de julio en relación con la regulación de los caminos naturales y ha acordado con el Gobierno de la Nación designar un grupo de trabajo que proponga una solución.

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".

En concreto, Junta y Gobierno decidieron poner en marcha un grupo de trabajo el pasado 16 de octubre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015 que modifica la Ley de Montes.

Esta disposición adicional regula aspectos relativos a los caminos naturales, asignando al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente competencias sobre supervisión y coordinación de la Red Nacional de Caminos Naturales, inclusión o exclusión de nuevos itinerarios, ejecución de obras de mantenimiento, gestión de la marca registrada "Caminos Naturales" y establecimiento del modelo de funcionamiento con el resto de las administraciones.

Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".