El PSOE-A ha propuesto a los otros cuatro grupos parlamentarios suscribir una proposición no de ley conjunta en defensa del derecho de huelga de los trabajadores de Airbus en Andalucía y el resto de España.

Esta iniciativa planteada por el PSOE-A, a la que ha tenido acceso Europa Press, se deriva de los acontecimientos que se produjeron durante la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuando varios centenares de trabajadores de la empresa

Eads casa airbus en Getafe (Madrid) se concentraron en la entrada de la fábrica como expresión pública de su adhesión a la huelga general y varios de ellos acabaron denunciados en los juzgados.

Se recuerda que durante esa concentración, la presencia en la puerta de la fábrica de un buen número de unidades policiales antidisturbios y su actitud ante los concentrados "creó un clima de tensión", puesto que, según los trabajadores, el comportamiento de la policía no contribuyó al normal desarrollo de la huelga, sino "que propició que se produjeran diversos incidentes que culminaron por parte de los agentes antidisturbios, con el uso de las armas, realizando al menos siete disparos".

Se produjo una denuncia de la policía y el Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Getafe inició la instrucción, la cual, según los trabajadores, ha presentado "graves deficiencias", como la "acusación" al presidente del comité interempresas, máximo responsable sindical en la empresa, "por el solo hecho de intentar impedir los incidentes que se estaban produciendo, dirigiéndose a los responsables policiales para propiciar una solución pacífica".

Igualmente fueron acusados otros dos sindicalistas a raíz de que acompañaron al presidente del comité interempresas en su declaración ante el juez instructor. La acusación se amplió a otros once sindicalistas por el "solo hecho de haber acudido a los servicios médicos de la empresa para ser atendidos de las heridas que les ocasionaron los policías antidisturbios durante la violenta carga policial", según consta en la iniciativa.

Se añade que el día 7 de enero de este año, el juzgado de instrucción procedió a la apertura del juicio oral tras la acusación del Ministerio Fiscal contra ocho sindicalistas, en la que se solicita pena de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de ellos y un total de 64 años de prisión, además de una fianza de 31.059 euros de la que los acusados han de responder conjunta y solidariamente, sin que en la instrucción realizada se determine la responsabilidad y participación de cada uno de los acusados.

Para el PSOE-A, no solo sorprende la instrucción, sino también la acusación formulada por el Ministerio Fiscal, que solicita la misma pena para cada acusado sin identificar las conductas individuales de cada uno de ellos, y "además de poner en evidencia la inconsistencia de la acusación, sitúa a los acusados en una clara indefensión jurídica que no debiera permitirse en un estado de derecho".

En la iniciativa, se insta al Parlamento a manifestar su apoyo a todos los trabajadores de Airbus y a los sindicatos de trabajadores, en la "confianza de su honradez y el reconocimiento de que su labor sindical a lo largo de los años ha reportado beneficios para el conjunto de los trabajadores" de la empresa.

También se demanda a la Cámara que abogue por que se utilicen todos los medios para defender los derechos de los trabajadores, así como la libertad de expresión y de huelga de los trabajadores en Andalucía y en España. Se insta además a la Junta a que se dirija al Gobierno central para que derogue el artículo 315.3 del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana.