El Grupo Parlamentario Podemos ha registrado en la Asamblea Regional una proposición de ley para crear una Agencia de Lucha contra el Fraude y la Corrupción para prevenir conductas ilícitas e investigar a personas o empresas que gestionen contratos con la administración o reciban subvenciones públicas.

El portavoz de Podemos en la Asamblea, Óscar Urralburu, y la diputada María Giménez, han presentado esta mañana esta propuesta. Se ha planteado que el ámbito de actuación de la Agencia sea todas las instituciones que integran la Comunidad. Además, tal y como ha puntualizado Giménez, "puede actuar sobre empresas y entidades privadas y personas físicas cuando gestionen servicios públicos, ejecuten obras públicas o reciban subvenciones".

Los parlamentarios han manifestado que esta agencia también cooperará con la Asamblea Regional, en concreto, con las comisiones parlamentarias de investigación, como la de Escombreras, Corvera o la del 'caso Auditorio y la del Estatuto del Diputado, en la elaboración de dictámenes sobre asuntos que se estén tratando en dicha comisión. "Y si estas comisiones lo requieren, podrá elaborar informes especiales para ellas", ha añadido Giménez.

La ley contempla sanciones para las empresas o personas que cometan un determinado de infracciones. Entre ellas destaca la que prohíbe volver a firmar un contrato público durante un determinado tiempo. "La experiencia nos indica que las meras recomendaciones, y el reproche público es insuficiente", han argumentado.

Los resultados de la actividad desarrollada por la Agencia pasarán por la Asamblea Regional. Además, los diputados de Podemos han explicado que se elaborará una memoria anual que se remitirá a la Cámara. Aparte de eso, indican que el director de este órgano emitirá un par de informes al semestre para dar cuenta de las actividades desarrolladas por la agencia.

"El director de la agencia ha de ser una persona independiente y de probada solvencia elegida por la Asamblea Regional, no puede estar adscrita a ningún partido político, sindicato, asociación profesional o empresarial", han recalcado. Para su elección se deberá contar con tres quintas partes de la Asamblea.

Aunque aún están elaborando la propuesta económica, Urralburu estima que se necesitarían unos 250 mil euros para poner en marcha la agencia. Si bien, las personas que trabajarían en ella serían funcionarios públicos.