Contreras anunció anoche que esta sentencia avala la decisión política que el Ayuntamiento de Molina de Segura adoptó hace un año ante la existencia de delitos contra la libertad de las personas, "a pesar de que el debate en este tiempo se haya querido llevar hacia otros derroteros".
La sentencia ahora conocida y recurrible ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, además de dar la razón al ayuntamiento, no reconoce ningún tipo de indemnización como habían solicitado los demandantes.
El consistorio decidió hace ahora un año revocar ambas licencias, una de motel de dos estrellas y otra de cafetería, porque la actividad que se desarrollaba en el local no se ajustaba a las condiciones por las que fueron concedidas.
El procedimiento para revocar estos permisos de apertura del club, que fue cerrado el 19 de julio del pasado año, tiene su origen en un informe de la Policía Nacional que revelaba que en el interior del local se practicaba la prostitución, la explotación de menores y el tráfico de mujeres.
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