Los resultados del informe 2014-2015 del Defensor del Profesor en Andalucía, servicio del sindicato ANPE para la asistencia jurídica y psicológica a los profesores víctimas de la conflictividad escolar arrojan hasta 161 casos en la comunidad, en lo que supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior.

En rueda de prensa en la que han participado la coordinadora autonómica del Defensor del Profesor, María del Amo Pérez; la psicóloga del Defensor del Profesor de Jaén, Amalia Sánchez Gárate; y el presidente de ANPE-Andalucía, Francisco Padilla, se ha recordado la evolución del número de casos atendidos desde la puesta en marcha del servicio en 2005 (143) hasta los 161 actuales —15 casos menos que en el curso anterior—. El ejercicio con más casos fue 2010-2011, con 271, y el que menos registró, 2006-2007, con 138.

Para el Defensor del Profesor, el balance del curso 2014-15 muestra la "insuficiente" consideración social de los docentes, la falta de inversión educativa y las decisiones administrativas unilaterales "que ignoran la opinión de los profesionales de la enseñanza".

"Como consecuencia de la sucesiva reducción de recursos, la educación andaluza y su profesorado se han visto perjudicados un año más de forma general, pero muy particularmente en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas", subrayan.

Las múltiples llamadas recibidas a lo largo del curso 2014-15 en el Defensor del Profesor siguen dejando patente la necesidad de este servicio, según ANPE. Han sido muchas las denuncias recibidas sobre distintos problemas tanto de convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa como los relacionados, de una forma u otra, con la administración.

La central sindical propone, entre otras medidas favorecedoras de la erradicación de la violencia contra el profesorado andaluz, el reconocimiento de la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función a través de una Ley de Autoridad, similar a la existente en otras comunidades autónomas; mayor dotación por parte de la administración en medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos; el establecimiento de una formación específica para el profesorado para la resolución de conflictos; y la reducción de la carga burocrática del personal docente.