El PP andaluz ha acusado este jueves a la Junta de Andalucía y, concretamente, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de no colaborar con la Justicia en la investigación del caso Marismas, —relativo a las irregularidades en las ayudas para la modernización de los regadíos en las marismas del Guadalquivir—, con el objetivo de lograr la prescripción de posibles delitos.

Así lo ha indicado en la sesión de control del Pleno del Parlamento la diputada del PP-A, Rosalía Espinosa, quien, en una pregunta formulada a la consejera del ramo, Carmen Ortiz, ha explicado que la Justicia lleva desde 2012 pidiendo a su departamento colaboración para esclarecer las irregularidades en torno a 40 millones de euros, "sin haber conseguido mucho".

Espinosa ha asegurado que la Junta está continuamente "obstruyendo" la entrega de documentación porque, entre otras cuestiones, está señalado en esta investigación el diputado autonómico y secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien protagoniza "la crónica de una imputación anunciada".

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha negado todas y cada una de las acusaciones realizadas por la parlamentaria 'popular' y ha garantizado que su departamento está prestando "la máxima colaboración" con la Justicia al ser "la primera interesada" en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la recuperación de "hasta el último euro" de lo que se haya podido defraudar.

Como prueba de ello, Ortiz ha apuntado que la Justicia les reclamó documentación el 6 de junio de 2014, —que fue atendida el 20 del mismo mes—, y el 26 de marzo de 2015, atendida en el mismo día. También, ha señalado que su departamento ha exigido el reintegro a la comunidad de regantes por no acreditar el pago de las certificaciones en 2013.

Así, tras recordar que la Junta está imputada en la causa, Ortiz ha pedido al PP-A que se vaya al juzgado si tiene pruebas de sus acusaciones y ha dicho que no va a entrar "en el y tú más", aunque ha señalado que los 'populares' deberían preocuparse de la trama Gürtel en Andalucía y también pedir disculpas a la directora de Minas de la Junta tras el archivo de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla.

"Todo no vale en política y no vamos a permitir que paguen justos por pecadores", ha manifestado la consejera, quien ha pedido que se separe "el grano de la paja" y ha criticado que los 'populares' pongan "con demasiada facilidad" a muchos cargos políticos "a los pies de los caballos" sin respetar la presunción de inocencia.

Frente a ello, Espinosa ha recordado a la consejera que ya son más de 3.400 millones los que el Gobierno andaluz ha gestionado "irregular o ilegalmente", —40 de ellos en el caso Marismas—, y que hay dos expresidentes imputados, en relación a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. "Susana Díaz es la Juana de Arco de la lucha contra la corrupción pero para buscar la prescripción a sus gentes", ha concluido.